Cámara despacha a segundo trámite proyecto de ley que prohíbe cobro de estacionamientos en clínicas y recintos asistenciales

Asimismo, extiende este derecho no solo a los pacientes, sino también a sus familiares, reconociendo el rol esencial que cumplen en los procesos de cuidado, acompañamiento y apoyo emocional.

La norma impone además a las instituciones de salud la obligación de implementar mecanismos de control y validación, con el fin de evitar usos indebidos, garantizando el correcto ejercicio del derecho sin afectar la administración eficiente de los espacios.

El artículo transitorio concede un plazo de tres meses desde la publicación de la ley para que los prestadores adecuen sus sistemas internos. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multas que fluctúan entre 100 y 150 UTM, duplicándose en caso de reincidencia.

Desde una perspectiva constitucional, la iniciativa se vincula directamente con el derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 19 N°9 de la Constitución, así como con el principio de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y la protección de los consumidores (artículo 19 N°21 y 24 en relación con la regulación económica).

Desde el plano ético-jurídico, la propuesta refuerza la noción de trato digno, ampliamente desarrollada por la jurisprudencia nacional en materias de consumo y responsabilidad médica. El cobro por estacionamiento, en situaciones de angustia, dolor o urgencia, aparece como una práctica que tensiona seriamente dicho estándar, transformando una facilidad de acceso en una fuente adicional de lucro.

De aprobarse la reforma, se espera una reconfiguración relevante de la jurisprudencia administrativa y judicial, especialmente en el ámbito del SERNAC y los juzgados de policía local, que pasarán a contar con una norma expresa que respalde las reclamaciones de los usuarios.

Asimismo, es previsible un aumento en los estándares de fiscalización y cumplimiento normativo por parte de los prestadores institucionales, lo que podría impactar en la forma en que las clínicas estructuran sus contratos de prestación de servicios accesorios.

En conclusión, el proyecto que consagra la gratuidad del estacionamiento en recintos asistenciales constituye una reforma estructural de alto impacto socialyjurídico, que avanza hacia un modelo sanitario más humano, equitativo y coherente con la centralidad del derecho a la salud.

Más allá de su efecto económico inmediato, la iniciativa establece un nuevo estándar normativo de dignidad y protección del paciente, reafirmando que el acceso a la atención médica no puede verse condicionado por cargas accesorias que agravan situaciones de vulnerabilidad.

Su eventual aprobación marcaría un punto de inflexión en la regulación de los servicios complementarios en salud, consolidando una visión del usuario no como cliente, sino como sujeto de derechos fundamentales.

En definitiva, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados despachado al Senado para que cumpla su segundo trámite constitucional, reemplaza el artículo 15 B de la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, estableciendo que los prestadores institucionales de salud, públicos y privados, no podrán cobrar por el uso de estacionamientos cuando estos se utilicen con ocasión de atenciones de urgencia o emergencia, mientras duren dichas situaciones.

También prohíbe el cobro cuando el estacionamiento sea utilizado por el paciente o su acompañante durante consultas médicas, exámenes, tratamientos, procedimientos, internaciones, controles postoperatorios o gestiones administrativas vinculadas a la atención de salud, incluyendo la regularización de deudas. La misma regla se aplicará a vehículos que transporten a personas con discapacidad o con dificultades físicas permanentes o transitorias para desplazarse.

Las instituciones deberán implementar un mecanismo de control y validación, físico o electrónico, que permita acreditar de forma expedita las circunstancias que dan derecho a la gratuidad. El incumplimiento será sancionado con multas de 100 a 150 UTM, las que se duplicarán en caso de reincidencia.

Finalmente, se establece un plazo de tres meses desde la publicación de la ley para que las instituciones de salud implementen los mecanismos de control y validación exigidos.

Vea texto Boletín N°17903-03 y siga su tramitación aquí.