Opinión Consultiva
Corte IDH establece obligaciones de los Estados para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego
En una Opinión Consultiva solicitada por México, el tribunal interamericano precisó los deberes estatales en materia de regulación, control del comercio de armas, supervisión empresarial, acceso a la justicia y cooperación internacional para enfrentar los efectos del tráfico ilícito en los derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en respuesta a una consulta presentada por México en 2022, en la que recordó y precisó las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego.
En el documento, el tribunal interamericano reformuló las preguntas originales planteadas por México en una cuestión central: cuáles son las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas. Según explicó la Corte, este fenómeno agrava los niveles de inseguridad en la región y repercute directamente en el disfrute de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por otros tratados internacionales.
La Corte abordó la fiscalización y supervisión de actividades empresariales vinculadas al sector armamentístico, subrayando la necesidad de que los Estados exijan a las compañías fabricantes y comercializadoras de armas el cumplimiento de regulaciones destinadas a prevenir el tráfico ilícito, así como la adopción de principios de compliance en derechos humanos.
El tribunal sostuvo que, para enfrentar este fenómeno, los Estados deben actuar con debida diligencia, principio que implica la adopción de medidas estructurales orientadas a mitigar riesgos y evitar el desvío de armas hacia mercados ilegales.
En ese sentido, el primer deber consiste en regular y adoptar disposiciones de derecho interno adecuadas. La Corte detalló una serie de medidas concretas que los Estados deben implementar, entre ellas garantizar el marcaje, registro y rastreo de armas de fuego, así como mantener sistemas de información que permitan recopilar y conservar datos sobre su fabricación, transferencias y decomisos.
Asimismo, el tribunal interamericano instó a los Estados a realizar evaluaciones de riesgos antes de autorizar importaciones o exportaciones de armas. En ese proceso, indicó que deben denegarse aquellas operaciones que puedan socavar la paz, facilitar violaciones al Derecho Internacional Humanitario o afectar especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños y adolescentes.
En el ámbito interno, la Corte señaló que los Estados deben implementar protocolos de seguridad para los arsenales estatales y para las armas confiscadas, con el objetivo de cerrar brechas que puedan facilitar su desvío hacia circuitos ilícitos.
Respecto de la fiscalización y supervisión de actividades empresariales, el tribunal reiteró que los Estados deben exigir a las empresas del sector armamentístico el cumplimiento de regulaciones orientadas a prevenir el tráfico ilícito y la adopción de estándares de compliance en derechos humanos.
Ello implica monitorear que las compañías no contribuyan, directa o indirectamente, a violaciones de derechos humanos, promoviendo una responsabilidad corporativa que trascienda las fronteras nacionales.
Otro aspecto destacado en la Opinión Consultiva es el deber de los Estados de garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas de afectaciones vinculadas al tráfico de armas, ya sea cuando estas se produzcan por acciones estatales o por actuaciones de terceros.
En este punto, la Corte enfatizó que, ante incumplimientos del deber de debida diligencia, los Estados deben asegurar vías de reparación tanto a nivel nacional como transnacional, garantizando el acceso a la justicia sin barreras.
Finalmente, el tribunal interamericano subrayó la importancia de la cooperación internacional de buena fe entre los Estados, al considerarla un elemento esencial para desarticular redes transfronterizas que alimentan el tráfico ilícito de armas y la violencia asociada a este fenómeno en la región.
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