Gobierno de Trump reanuda litigios contra bufetes de abogados por incumplimiento de órdenes ejecutivas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la reactivación de los procedimientos judiciales contra los bufetes Jenner & Block, WilmerHale, Perkins Coie y Susman Godfrey. La acción procesal busca dar continuidad a la apelación de una serie de fallos dictados por tribunales de instancia, los cuales declararon la invalidez de órdenes ejecutivas emitidas por la administración del presidente Donald Trump que afectaban directamente a estos estudios jurídicos.

La secuencia de presentaciones ante el tribunal comenzó la noche del lunes, cuando los representantes del gobierno ingresaron una moción para desestimar el caso consolidado. Sin embargo, durante la jornada del martes, el Departamento de Justicia revirtió su postura inicial y solicitó reabrir la demanda. Los abogados de las firmas legales involucradas manifestaron su oposición a esta retractación, argumentando que el cambio de posición de la autoridad gubernamental se realizó sin una explicación fundamentada tras haber alcanzado un acuerdo previo de desistimiento.

Por su parte, la defensa del Departamento de Justicia sostuvo ante el tribunal de apelación que la moción de retiro del caso aún no había sido concedida formalmente por el tribunal. En su réplica, los abogados del Estado señalaron que la reactivación del proceso no genera un perjuicio jurídico para los demandantes, justificando así la continuidad del litigio en la sede judicial correspondiente.

El origen de la disputa se remonta a decretos presidenciales que pretendían limitar la capacidad de estas empresas para suscribir contratos con el gobierno federal. El argumento del Ejecutivo se basaba en la supuesta participación de las firmas en prácticas de guerra legal o lawfare que, a juicio de la administración, afectaban los intereses nacionales. Estas actividades incluían el asesoramiento en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, así como la representación de clientes en impugnaciones contra políticas gubernamentales.

En resoluciones previas, diversos tribunales de distrito dictaron suspensiones permanentes contra estas órdenes ejecutivas. Los jueces determinaron de manera uniforme que las medidas representaban una extralimitación de las facultades del presidente. Según las sentencias de primera instancia, los decretos vulneraban protecciones contenidas en la Primera, Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, relativas a la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la asistencia legal.

El proceso se encuentra actualmente bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Hasta el momento, dicha instancia no ha emitido un pronunciamiento definitivo respecto a las últimas mociones presentadas por el Departamento de Justicia ni sobre el fondo de la apelación que determinará la constitucionalidad de las restricciones impuestas a las firmas legales.

Vea texto de la resolución.