Estados Unidos
Aseguradora acusa a OpenAI de prestar asesoría legal a usuarios en forma ilícita a través de ChatGPT
El litigio examina si el desarrollo y la puesta a disposición de modelos de IA capaces de generar análisis jurídicos y escritos judiciales vulnera las normativas estatales sobre licencias de abogados. La controversia se centra en la posible responsabilidad civil de las empresas tecnológicas cuando sus chatbots inducen el incumplimiento de acuerdos contractuales. Este proceso busca determinar si la automatización de la investigación legal y la creación de documentos procesales por entidades no autorizadas constituye una práctica punible.

La compañía Nippon Life Insurance Company of America ha presentado una demanda civil ante un tribunal de distrito de Illinois (Estados Unidos) en contra de OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT. El libelo, acusa a la demandada de interferencia en un contrato, ejercicio no autorizado de la abogacía y abuso de proceso. La parte demandante solicita una indemnización de 300.000 dólares por daños compensatorios y 10 millones de dólares en concepto de daños punitivos.
El conflicto jurídico surge a raíz de la actividad de una una antigua asegurada que había suscrito un acuerdo de liquidación con Nippon en 2024, el cual incluía la renuncia irrevocable a cualquier reclamación futura. Según el documento judicial, la mujerhabría utilizado el chatbot ChatGPT para cuestionar la validez de dicho contrato y solicitar la reapertura de su caso, previamente desestimado con perjuicio. La aseguradora sostiene que la herramienta de inteligencia artificial actuó como asistente legal, proporcionando argumentos para intentar anular el acuerdo vigente.
La demanda argumenta que OpenAI diseñó y comercializó ChatGPT como un servicio de consumo masivo capaz de realizar tareas legales complejas, tales como la investigación jurídica y la redacción de escritos procesales. El texto señala que, aunque el sistema logró una puntuación aprobatoria en el Examen de Abogados Uniforme, no posee una licencia emitida por la Corte Suprema de Illinois ni por ninguna otra jurisdicción estadounidense. Nippon afirma que la prestación de estos servicios a usuarios particulares infringe la normativa estatal que reserva la práctica del derecho a profesionales colegiados.
Un aspecto relevante del reclamo es la presunta generación de citas legales inexistentes, fenómeno descrito en la demanda como alucinaciones. Se alega que la mujer incluyó en sus presentaciones judiciales una referencia al caso Carr v. Gateway, un precedente que, según la demandante, no existe en los registros federales y fue inventado por ChatGPT. La aseguradora sostiene que este tipo de contenido facilitó que la usuaria interpusiera una serie de acciones y solicitudes de notificación judicial que Nippon califica como carentes de base legal y orientadas al acoso de la compañía y sus representantes.
Finalmente, la acción legal vincula la responsabilidad de OpenAI con la programación de ChatGPT para incentivar la interacción del usuario y la recopilación de datos. Nippon indica que OpenAI no modificó sus términos de uso para prohibir explícitamente la asesoría legal personalizada hasta finales de octubre de 2025, periodo posterior al inicio de las interacciones de la mujer con el modelo de IA. La aseguradora solicita al tribunal que emita un mandato judicial permanente que impida a OpenAI continuar prestando asistencia jurídica a través de su plataforma en el estado de Illinois.
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