Condena por conducción en estado de ebriedad dictada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano queda a firme

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un condenado por conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano en un procedimiento simplificado.

El imputado fue condenado a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, a la accesoria de suspensión de todo cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena, al pago de una multa de 2 UTM y a la suspensión de su licencia de conducir por el lapso de dos años, como autor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, previsto y sancionado en el artículo 196 en relación con los artículos 109 y 110 de la Ley N°18.290, hecho ocurrido el 21 de julio de 2023 en la comuna de Talcahuano.

Contra dicha decisión, la defensa dedujo recurso de nulidad invocando como causal principal la prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 19 N°3 de la Constitución Política, argumentando que la transcripción de la sentencia era incompleta, careciendo de parte expositiva y considerativa, además de presentar una defectuosa parte resolutiva. A su juicio, ello infringía lo dispuesto en los artículos 395, 389 y 342 del Código Procesal Penal y vulneraba el debido proceso.

La defensa solicitó que se anularan tanto el juicio como la sentencia condenatoria y que la causa fuera retrotraída para la realización de una nueva audiencia de juicio oral ante un tribunal no inhabilitado. De manera subsidiaria, invocó la causal del artículo 373 letra f) del Código Procesal Penal, señalando que la sentencia habría excedido el contenido del requerimiento del Ministerio Público, ya que —según sostuvo— el fallo mencionaba un procedimiento abreviado en lugar de un procedimiento simplificado, aludía a un delito adicional de manejo sin licencia que no habría sido requerido por la fiscalía y consignaba una fecha distinta de ocurrencia del hecho.

Al analizar la causal principal, la Corte Suprema recordó que el debido proceso constituye una garantía constitucional que exige que toda decisión jurisdiccional se funde en un procedimiento previo, legalmente tramitado y respetuoso de las garantías procesales. Asimismo, destacó que el artículo 39 del Código Procesal Penal establece la obligación de registrar íntegramente las resoluciones judiciales mediante un medio apto que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido.