Corte Suprema confirma condena por homicidio simple dictada por tribunal de San Bernardo

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un condenado por homicidio simple y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo que le impuso la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, junto a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad como autor del delito previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en perjuicio de la víctima, ocurrido el 6 de junio de 2015 en la comuna de San Bernardo.

En contra de esa decisión la defensa del sentenciado dedujo recurso de nulidad, fundado en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, alegando la infracción sustancial de derechos y garantías asegurados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile, particularmente el debido proceso y el derecho a defensa. Sostuvo que durante el juicio oral se admitió y valoró como prueba la declaración de un testigo reservado introducida a través del testimonio de oídas de funcionarios policiales, pese a que dicho testigo no figuraba en el auto de apertura, lo que —a su juicio— vulneró la posibilidad de interrogarlo y contradecir su testimonio.

La defensa argumentó que esta circunstancia generó indefensión, pues se otorgó valor probatorio a una declaración que no pudo ser controvertida mediante interrogatorio de contraste. Agregó que dicha prueba habría tenido incidencia directa en la acreditación del hecho punible y en la condena del acusado, por lo que solicitó la nulidad del juicio oral y de la sentencia y la realización de un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado.

Como primera causal subsidiaria, invocó la prevista en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, señalando que el tribunal habría incurrido en falta de fundamentación al descartar la teoría alternativa de la defensa —basada en la legítima defensa— apoyándose en el relato de un testigo que no compareció al juicio y cuya versión fue incorporada a través de funcionarios policiales. Según el recurrente, la valoración de la prueba se apartó de los principios de la lógica y de las reglas de la experiencia.

Asimismo, la defensa sostuvo que la errónea apreciación de la prueba condujo a la condena del acusado sin contar con prueba objetiva suficiente, por lo que solicitó también la invalidación del juicio oral y de la sentencia.

En subsidio, alegó la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal por errónea aplicación del derecho, argumentando que el tribunal desestimó calificar como muy calificada la atenuante la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, pese a que el acusado renunció a su derecho a guardar silencio y declaró en el juicio, reconociendo su participación en los hechos. De haberse reconocido esa circunstancia como muy calificada, afirmó, la pena impuesta habría sido menor.