Suprema anula absolución por falta de sentencia escrita oportuna

La Corte Suprema acogió un recurso de nulidad deducido en una causa por injurias y calumnias graves por escrito y con publicidad, y anuló tanto la sentencia absolutoria dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago como el juicio oral simplificado que la antecedió, al establecer que el texto íntegro y debidamente suscrito del fallo no fue puesto a disposición de los intervinientes dentro del plazo de cinco días previsto por el Código Procesal Penal, afectando con ello el debido proceso y el derecho al recurso.

La controversia se originó en un procedimiento de acción penal privada, en el cual, mediante sentencia de 21 de octubre de 2025, se absolvió a la querellada de los cargos formulados en su contra como autora de presuntos delitos de injurias y calumnias graves por escrito y con publicidad en perjuicio de la recurrente.

Contra la absolución, la querellante interpuso un recurso de nulidad por la causal principal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal y denunció la vulneración del artículo 19 N°3, inciso sexto, de la Constitución, en relación con los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal.

En concreto, sostuvo que el tribunal incumplió la obligación de poner oportunamente a disposición de los intervinientes el texto íntegro de la sentencia definitiva, superando ampliamente el plazo de cinco días contemplado para ello en el artículo 396 del Código Procesal Penal.

A juicio de la recurrente, esa demora afectó garantías procesales fundamentales, particularmente su derecho de defensa y su derecho a recurrir.

Por ello, solicitó que se declarara la nulidad de la sentencia absolutoria y del juicio oral simplificado que la precedió, retrotrayéndose el procedimiento hasta la realización de una nueva audiencia de juicio oral ante un juez no inhabilitado.

En subsidio, planteó la causal de nulidad establecida en el artículo 374 letra e), en relación con los artículos 297 y 342 letra c) del Código Procesal Penal, cuestionando la valoración de la prueba realizada por el tribunal al descartar la concurrencia de los hechos descritos en la querella.

La Corte Suprema recordó que el debido proceso, garantizado por el artículo 19 N°3 de la Constitución, exige que toda decisión judicial sea precedida por un procedimiento racional y justo. Esta garantía comprende, entre otros derechos, ser oído, presentar prueba, exigir el respeto de las reglas procesales, obtener decisiones fundadas y recurrir contra ellas.

Luego examinó las normas aplicables al caso. El artículo 39 del Código Procesal Penal exige que las sentencias y resoluciones judiciales sean registradas íntegramente y de forma que puedan conservarse y reproducirse.