Corte valida derivación de expedientes militares de 1973

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto contra el Consejo para la Transparencia (CPLT) por una solicitud destinada a obtener expedientes de causas militares tramitadas en Antofagasta durante 1973, al concluir que el Ejército actuó conforme a la Ley de Transparencia al derivar la petición al Poder Judicial, luego de establecer que los documentos requeridos no se encontraban en su poder.

La acción fue deducida conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública y tuvo por objeto que la Corte revisara la legalidad de la decisión mediante la cual el Consejo rechazó el amparo presentado por la solicitante.

La recurrente compareció en su calidad de nieta de quien, según expuso, habría sido ejecutado por la denominada Caravana de la Muerte durante su paso por Antofagasta, el 19 de octubre de 1973.

Señaló desconocer si respecto de su abuelo existió alguna causa judicial ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta y afirmó que tampoco había tenido acceso a antecedentes que permitieran conocer las circunstancias de su detención, eventual procesamiento y ejecución. Por ello, explicó que su solicitud no constituía únicamente una búsqueda documental, sino que se encontraba vinculada con la necesidad de acceder a antecedentes históricos y judiciales relativos a una víctima de graves vulneraciones de derechos humanos.

Por ello presentó una solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual requirió copias autenticadas de diversos expedientes correspondientes a causas castrenses en tiempo de guerra iniciadas entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta y que, según entendía, debían encontrarse en poder del Archivo General del Ejército.

Entre los documentos solicitados figuraba especialmente la causa Rol N°349 de 1973, respecto de distintos involucrados, además de todos los cuadernos, tomos o expedientes existentes relacionados con ella.

En términos generales, la solicitud buscaba acceder a documentación judicial militar correspondiente a 1973 que permitiera esclarecer antecedentes relativos a distintas personas y, particularmente, determinar la eventual existencia de información relacionada con su abuelo.

El Ejército respondió que las causas de tiempo de guerra requeridas habían sido remitidas a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que, en consecuencia, ya no se encontraban en su poder. Sobre esa base invocó el artículo 13 de la Ley N°20.285 y derivó la solicitud al Poder Judicial.

Esta circunstancia pasó a constituir el punto central de la controversia, pues mientras el Ejército sostuvo que carecía de los documentos y que estos se encontraban en otro órgano público, la solicitante cuestionó que la institución hubiese acreditado efectivamente la remisión de los expedientes.

Frente a esa respuesta, la recurrente interpuso un amparo ante el CPLT. Su argumento principal consistió en que el Ejército reconocía la existencia de los expedientes, pero se limitaba a afirmar que los había enviado a la Corte de Antofagasta sin acompañar los oficios u otros documentos que permitieran comprobar esa circunstancia.

A su juicio, resultaba especialmente relevante verificar si los antecedentes habían sido efectivamente enviados y recibidos por la Corte.

Durante la tramitación del amparo, el Ejército informó al CPLT que había realizado una búsqueda de los documentos y que las causas solicitadas habían sido remitidas al tribunal de alzada de Antofagasta.

La recurrente manifestó su disconformidad con la respuesta, argumentando que el Ejército continuaba entregando la misma explicación sin acompañar antecedentes que permitieran comprobar la remisión efectiva de los expedientes. Asimismo, solicitó copias de determinados oficios que, según la institución castrense, demostrarían el traslado de la documentación.

El CPLT rechazó el amparo, al estimar suficientemente acreditado que la información solicitada ya no se encontraba en poder del Ejército y que éste había procedido a derivar la petición al organismo que se encontraba en mejor posición jurídica para responderla. En consecuencia, concluyó que la actuación de la institución se ajustaba a lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

Contra esa decisión se interpuso el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Santiago.

La recurrente sostuvo, en esencia, que el CPLT había validado indebidamente una derivación que no cumplía con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Para fundamentar su impugnación invocó los artículos 5, 7 y 10 de la Ley N°20.285, relativos al acceso a la información y al principio de transparencia; el artículo 13 del mismo cuerpo legal, sobre derivación de solicitudes; el artículo 33 letra b), referido a las funciones del CPLT; y el artículo 12 de la Resolución Exenta N°590 de 2023, que regula la derivación de solicitudes.

En primer término, alegó falta de fundamentación de la derivación. Sostuvo que el Ejército no había explicado adecuadamente por qué los expedientes dejaron de estar bajo su poder, cómo habían sido enviados a la Corte de Antofagasta, cuándo se efectuó concretamente esa remisión, si el tribunal los había recibido o quién era el encargado de transparencia del organismo destinatario.