Fiscalización de exportaciones
Proyecto de ley exige mayor trazabilidad al concentrado de cobre
Un proyecto de ley, patrocinado el senador Velásquez y la senadora Sepúlveda, propone establecer nuevas obligaciones para los exportadores de concentrado de cobre, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, fiscalización y valorización de los minerales que salen del país y fortalecer la…
Un proyecto de ley, patrocinado el senador Velásquez y la senadora Sepúlveda, propone establecer nuevas obligaciones para los exportadores de concentrado de cobre, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, fiscalización y valorización de los minerales que salen del país y fortalecer la capacidad del Estado para determinar correctamente los recursos asociados a su explotación.
La iniciativa considera que la exportación de concentrados minerales constituye una de las etapas más relevantes de la cadena de valor minera, ya que en ella se determina la base sobre la cual posteriormente se calculan impuestos, regalías y otras cargas fiscales vinculadas con la explotación de recursos naturales no renovables.
La iniciativa sostiene que existe una importante asimetría de información entre el Estado y los exportadores de concentrados minerales, especialmente respecto de su composición real y del valor de los distintos elementos que contienen.
Según antecedentes citados de la OCDE, la falta de transparencia puede facilitar la subdeclaración de minerales y afectar la recaudación fiscal. El problema se agrava porque en los contratos de compraventa solo algunos componentes suelen considerarse “pagables”, aunque otros también puedan tener valor económico, generándose diferencias entre el valor real de los recursos extraídos y el declarado en la operación comercial.
La moción recuerda que los minerales son recursos estratégicos y no renovables, por lo que el Estado debe contar con mecanismos que permitan controlar su explotación y asegurar una participación adecuada en el valor generado. En esa línea, cita a la UNCTAD y destaca la importancia de la soberanía estatal sobre los recursos naturales.
Los autores advierten que, aunque Chile posee normas tributarias y aduaneras aplicables a las exportaciones mineras, no existiría un sistema integral de trazabilidad y valorización que permita verificar completamente la composición de los concentrados, lo que genera una fuerte dependencia de la información proporcionada por los propios exportadores.
Como referencia, el proyecto menciona experiencias de Indonesia, China y Australia, países que han reforzado el control estatal mediante exigencias de procesamiento, inspecciones independientes y amplias facultades para verificar la producción y composición de los minerales.
Sobre esa base, la iniciativa propone establecer nuevas obligaciones para quienes exporten concentrado de cobre, destinadas a mejorar su trazabilidad, conocer su composición completa y fortalecer la fiscalización estatal y la correcta valorización de los recursos minerales exportados.
La iniciativa propone establecer estándares técnicos de muestreo, cadena de custodia y análisis que permitan asegurar que las muestras de concentrados sean representativas y que los resultados utilizados para fiscalizar su composición sean confiables.
El proyecto considera la trazabilidad como una herramienta fundamental para reconstruir las distintas etapas del proceso productivo y verificar que la información entregada por los operadores coincida con la realidad.
Otro punto central es separar la valorización comercial acordada entre las partes de la valorización utilizada para efectos fiscales, de manera que las obligaciones frente al Estado no dependan únicamente de lo establecido en los contratos privados.
Según sus autores, este sistema permitiría disminuir los riesgos de subdeclaración de minerales, aumentar la transparencia de las exportaciones de concentrados y fortalecer la fiscalización estatal.
En definitiva, la iniciativa busca equilibrar la relación entre el Estado y las empresas mineras, asegurando un mejor control sobre la riqueza generada por la explotación y exportación de minerales y permitiendo que el Estado perciba los recursos que correspondan por esa actividad.
El proyecto establece cinco obligaciones para quienes exporten concentrados de cobre extraídos en Chile.
En primer lugar, todas las partidas deberán someterse a un proceso obligatorio de trazabilidad para identificar la totalidad de sus componentes, incluidos metales principales y secundarios, tierras raras y elementos trazas, mediante análisis efectuados por laboratorios acreditados.
Además, antes del despacho, el exportador deberá presentar una declaración jurada completa y verificable sobre la composición, concentración, volumen y valorización estimada del concentrado, incluyendo elementos comercializados y aquellos técnicamente recuperables. La entrega de información falsa, incompleta o subdeclarada podrá generar responsabilidades administrativas y penales.
La iniciativa también prohíbe establecer niveles de tolerancia contractuales que permitan excluir determinados componentes de la valorización por encontrarse bajo ciertos umbrales de concentración.
Asimismo, los exportadores deberán entregar a la autoridad los contratos de compraventa, aunque estos tendrán un carácter complementario y no podrán imponerse sobre la valorización fiscal establecida por la ley. La autoridad podrá solicitar información adicional sobre precios, condiciones de pago y características de los componentes del concentrado.
Finalmente, se considerará infracción administrativa cualquier conducta que afecte la correcta determinación de la composición o valorización de los concentrados, como ocultar o alterar información, entregar antecedentes falsos o incompletos, manipular muestras o incumplir los estándares técnicos exigidos.
Vea texto moción Boletín Nº18.571-08 y siga su tramitación aquí.
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