Proyecto de ley propone recompensas por información sobre crimen organizado

Un proyecto de ley propone facultar al Presidente de la República para entregar recompensas a quienes aporten antecedentes útiles para la investigación, persecución y sanción de delitos vinculados al crimen organizado, con el objetivo de fortalecer la colaboración ciudadana y facilitar la obtención de información relevante en casos de especial gravedad para la seguridad pública.

La iniciativa parte del diagnóstico de que el avance del crimen organizado constituye actualmente uno de los principales desafíos para la seguridad del país, debido a que las organizaciones criminales operan mediante estructuras cada vez más complejas, con división de funciones, mecanismos de intimidación, uso de violencia, capacidad económica, presencia territorial y conexiones transnacionales.

Frente a esta realidad, el proyecto sostiene que el Estado necesita herramientas modernas, flexibles y eficaces que permitan obtener información de manera oportuna para anticipar, esclarecer, perseguir y sancionar delitos especialmente graves.

Uno de los principales problemas que enfrenta la persecución de este tipo de criminalidad es la dificultad para acceder a información. Las víctimas, testigos o personas cercanas a los hechos muchas veces evitan entregar antecedentes por temor a represalias, desconfianza hacia las instituciones o situaciones de dependencia respecto de quienes forman parte de las organizaciones criminales.

Por esta razón, los impulsores de la iniciativa consideran que una política criminal efectiva debe incorporar mecanismos que incentiven la colaboración ciudadana, protejan la identidad de quienes proporcionan información y permitan actuar contra las organizaciones delictivas antes de que consoliden su control territorial o económico.

La propuesta recoge además iniciativas impulsadas previamente. Entre ellas se mencionan los Boletines N°14.508-07 y N°14.678-07.

Según sus autores, ambas iniciativas reflejan una preocupación legislativa constante por entregar al Estado herramientas eficaces para enfrentar fenómenos como la violencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico, los delitos violentos, la extorsión y otras expresiones de criminalidad compleja.

El nuevo proyecto recoge ese trabajo previo, pero lo reformula y perfecciona mediante una ley autónoma y de aplicación general, destinada a otorgar expresamente al Presidente de la República la facultad de establecer recompensas en casos calificados relacionados con delitos de crimen organizado.

La herramienta propuesta busca complementar las técnicas tradicionales de investigación penal, ya que, en delitos cometidos por organizaciones criminales, la información proveniente del entorno social o territorial, e incluso de personas que conozcan indirectamente el funcionamiento de estas estructuras, puede resultar decisiva para localizar prófugos, identificar a sus líderes, acreditar patrones de actuación o conocer las rutas y mecanismos utilizados por las organizaciones.

También puede permitir detectar bienes, inmuebles, vehículos, armas, vínculos financieros y otras formas de operación que ayuden a las autoridades a avanzar en las investigaciones y desarticular las redes criminales.

El proyecto cita además la experiencia internacional como antecedente para justificar el uso de recompensas.

Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con programas específicos vinculados con terrorismo, narcotráfico y crimen organizado transnacional, mediante los cuales se ofrecen sumas de dinero a quienes proporcionen información que facilite la captura, condena o desarticulación de personas u organizaciones criminales consideradas de alta peligrosidad.