Primer Tribunal Ambiental confirma aprobación de proyecto de CMP en Atacama y descarta que disputa por deslindes afecte su evaluación

El tribunal sostuvo que la normativa ambiental no exige al titular acreditar el dominio o un título de tenencia sobre el terreno, ni demostrar la inexistencia de litigios civiles respecto del predio, para que puedan evaluarse aspectos como la ubicación, superficie y emplazamiento de un proyecto. En el caso concreto, estimó que durante la evaluación fueron presentados los antecedentes necesarios para analizar esas materias.

La sentencia también descartó que la controversia territorial hubiese impedido evaluar adecuadamente los efectos del proyecto sobre el componente suelo. El tribunal tuvo en consideración que las superficies donde se desarrollará la iniciativa corresponden a sectores históricamente intervenidos por actividades mineras y concluyó que no se configuraban impactos adversos significativos sobre ese componente ambiental.

Durante la discusión judicial, CMP sostuvo que las obras se encuentran dentro de una faena minera de la empresa, que la disputa sobre los deslindes corresponde a una cuestión ajena a la evaluación ambiental y que durante el procedimiento no fueron identificados impactos ambientales significativos omitidos respecto del suelo. La compañía destacó además que la iniciativa estuvo sometida a más de 600 días de evaluación ambiental y que las observaciones formuladas durante ese procedimiento fueron abordadas.

El fallo se pronunció igualmente sobre los cuestionamientos formulados respecto de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) N°136, N°137 y N°160.

El PAS N°136 se relaciona con el establecimiento de un botadero de estériles o acumulación de mineral; el PAS N°137, con la aprobación del plan de cierre de una faena minera, y el PAS N°160, con la subdivisión y urbanización de terrenos rurales o construcciones fuera de los límites urbanos.

Sobre este punto, el Primer Tribunal Ambiental concluyó que el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tampoco exige acreditar el dominio o un título de tenencia sobre el terreno para el otorgamiento de esos permisos, ni establece una obligación de informar controversias prediales como requisito para su procedencia. En consecuencia, rechazó también las objeciones formuladas por la sociedad agrícola respecto de dichos permisos.

La sentencia abordó, además, la procedencia de la vía utilizada para reclamar. El tribunal explicó que, aunque resulta posible reclamar contra una resolución administrativa que acoja o rechace una solicitud de invalidación conforme al artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, en este caso la acción resultaba improcedente porque no se encontraba dentro del régimen recursivo especial previsto por la Ley N°19.300 para impugnar una Resolución de Calificación Ambiental.

El tribunal tuvo en consideración, asimismo, que durante la evaluación ambiental existieron instancias de difusión y participación ciudadana en las cuales Sociedad Agrícola Konavle tuvo la posibilidad de intervenir y presentar observaciones.

Con estos antecedentes, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación en todas sus partes y mantuvo la calificación ambiental favorable del proyecto “Recuperación de Acopios de la faena Algarrobo”. No condenó en costas a la reclamante, al estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

La decisión no fue unánime. La sentencia fue redactada por el ministro presidente Alamiro Alfaro Zepeda y contó con el voto favorable del ministro Marcelo Hernández Rojas, mientras que la ministra Sandra Álvarez Torres emitió un voto en contra.

En su disidencia, la ministra Álvarez estuvo por acoger la reclamación al considerar que la controversia existente sobre los deslindes constituía un antecedente esencial para la evaluación ambiental y que CMP debía informarlo a la autoridad para asegurar que el procedimiento se desarrollara sobre la base de antecedentes completos. Asimismo, cuestionó que se restringiera el acceso a la justicia ambiental acogiendo alegaciones formuladas por un tercero coadyuvante.

De esta manera, la decisión mantiene vigente la aprobación ambiental de una iniciativa destinada a recuperar minerales de hierro desde acopios históricos de la faena El Algarrobo y establece, como uno de sus principales criterios, que una controversia civil pendiente respecto de los deslindes de los terrenos no invalida por sí sola la evaluación ambiental cuando la normativa aplicable no exige acreditar el dominio o tenencia del predio y existen antecedentes suficientes para evaluar ambientalmente el emplazamiento y los impactos del proyecto.

Vea sentencia Primer Tribunal Ambiental, causa Rol R-139-2025 y expediente.