Corte ordena a Migraciones agilizar solicitud de nacionalización por demora

En particular, destacó el principio de celeridad previsto en el artículo 7° de dicho cuerpo legal, que obliga a la autoridad a impulsar de oficio el procedimiento y remover los obstáculos que dificulten su pronta resolución.

La Corte vinculó este principio con el carácter conclusivo establecido en el artículo 8°, que exige que la Administración dicte un acto decisorio sobre el fondo del asunto, y con el principio de economía procedimental del artículo 9°, conforme al cual las autoridades deben actuar con eficacia y evitar trámites innecesarios o dilatorios.

Asimismo, recordó el principio de inexcusabilidad contemplado en el artículo 14, que obliga a la Administración a dictar una resolución expresa respecto de las solicitudes que se le formulen y a notificarla a los interesados.

A juicio de la mayoría, los propios informes evacuados por las autoridades recurridas evidenciaban que estos principios no habían sido cumplidos, debido a que la decisión respecto de la solicitud de nacionalización se había extendido más allá del plazo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880.

Esta disposición establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no puede exceder de seis meses desde su inicio hasta la decisión final.

En este contexto, la mayoría calificó la demora como ilegal y arbitraria, estimando que vulneraba la igualdad ante la ley. Para el tribunal, el recurrente había recibido un trato discriminatorio respecto de otros interesados que, encontrándose en una situación jurídica equivalente, habían obtenido una respuesta formal, oportuna y fundada a sus respectivas solicitudes.

Por estas consideraciones, la Corte acogió el recurso de protección, sin costas, pero limitó sus efectos a ordenar al Servicio Nacional de Migraciones que diera curso progresivo a la solicitud dentro del ámbito de sus competencias, en un plazo de 60 días hábiles contado desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

La decisión fue adoptada con el voto en contra de la ministra Elsa Barrientos, quien estuvo por rechazar la acción constitucional.

La disidente sostuvo que la solicitud todavía se encontraba en tramitación y que la autoridad debía reunir los antecedentes necesarios para adoptar una decisión fundada. En su opinión, la duración del procedimiento resultaba razonable considerando el incremento de las solicitudes de regularización migratoria y la necesidad de efectuar un examen cuidadoso de cada caso.

La ministra señaló que, aun reconociendo la vigencia de los principios de celeridad y conclusividad, el recurso de protección no constituía la vía idónea para agilizar pronunciamientos administrativos. Añadió que el plazo de seis meses establecido en la Ley N°19.880 no tenía carácter fatal, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema invocada por la autoridad recurrida, por lo que no se configuraba una actuación ilegal o arbitraria.

Asimismo, sostuvo que el otorgamiento de la nacionalización corresponde al Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministro del Interior, conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N°5.142 de 1960. Agregó que esta competencia tampoco se modifica tratándose de la nacionalización calificada prevista en el artículo 85 de la Ley N°21.325.

A su juicio, la concesión de la nacionalidad constituye una potestad discrecional de la autoridad administrativa, cuyo acto terminal no puede ser forzado mediante el ejercicio de una acción de protección.

Finalmente, descartó que se hubiera producido una vulneración de la igualdad ante la ley, debido a que el recurrente se encontraba a la espera de una respuesta en las mismas condiciones que los demás solicitantes. En consecuencia, consideró que acoger el recurso le habría otorgado un trato preferente frente a quienes también se encontraban a la espera de una decisión administrativa.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°18.229-2026 (Protección).