Servicios esenciales en zonas rurales
Moción propone agravar penas por robo de cables y daños a redes de servicios básicos
La moción, patrocinada por las Diputadas Nathalie Castillo, Valentina Cáceres y Paula Olmos, junto a los Diputados Bernardo Salinas (A), Cristián Araya, Jaime Araya y José Rivas, propone modificar el Código Penal para fortalecer la protección de redes de suministro de servicios públicos o…
La moción, patrocinada por las Diputadas Nathalie Castillo, Valentina Cáceres y Paula Olmos, junto a los Diputados Bernardo Salinas (A), Cristián Araya, Jaime Araya y José Rivas, propone modificar el Código Penal para fortalecer la protección de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios.
La propuesta busca corregir dificultades prácticas que, según sus autores, persisten pese a los cambios introducidos por la Ley N° 21.761 a los artículos 443, 447 bis, 456 bis A y 485 del Código Penal y a la agravante especial del artículo 456 bis, con el propósito de aumentar la respuesta penal cuando el robo, el hurto o los daños provocan la interrupción o interferencia de servicios.
Los parlamentarios sostienen que la regulación vigente, que considera la afectación de una cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado, no aborda adecuadamente la situación de las localidades rurales, aisladas o de difícil acceso. En esos lugares, una interrupción puede perjudicar a un número menor de personas, pero generar un impacto social proporcionalmente mayor debido a la dependencia de servicios básicos, la distancia respecto de los centros urbanos y las dificultades para restablecer el suministro.
Como antecedente, se menciona que durante 2025 CGE registró 1.426 robos de cable en su zona de concesión, con 420.922 metros de conductor sustraído y más de 265 mil clientes afectados. La Región de Coquimbo figura entre las más perjudicadas, especialmente en comunas del Limarí y otros sectores rurales de la región. Además, los autores advierten que estos delitos han evolucionado desde hechos aislados hacia estructuras organizadas que participan en la extracción, el transporte, el procesamiento y la comercialización ilegal de cobre y otros metales. La investigación denominada “Operación Oro Rojo”, que abordó hechos relacionados con asociación criminal, receptación, lavado de activos y delitos tributarios y aduaneros, ilustra la dimensión de estas redes.
El proyecto sostiene que el daño provocado por estos delitos no debe medirse únicamente por el valor económico de los materiales sustraídos, sino también por sus consecuencias en la continuidad de servicios esenciales, como electricidad, agua potable, telecomunicaciones, salud, educación y seguridad pública.
Para agravar las penas, no bastará con que el delito ocurra en una zona rural o aislada. Será necesario que esa condición dificulte significativamente la reposición del servicio o afecte prestaciones esenciales para la comunidad. El tribunal deberá considerar elementos objetivos, como la duración de la interrupción, la distancia del lugar afectado, la disponibilidad de vías de acceso, el número de usuarios perjudicados y la relevancia del servicio comprometido.
Otra de las dificultades que busca abordar la iniciativa es la persecución de la receptación, especialmente cuando quienes compran, almacenan, transportan o comercializan materiales sustraídos alegan desconocer su origen ilícito. Para ello, propone que los tribunales puedan considerar como antecedentes relevantes las condiciones irregulares de los cables y otros componentes, por ejemplo, que estén quemados, fragmentados, sin recubrimiento, sin identificación técnica o sin documentación suficiente.
La propuesta no establece una presunción automática de conocimiento ni modifica la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público. Los antecedentes deberán valorarse conforme a las reglas generales del proceso penal y podrán ser controvertidos por los imputados.
Asimismo, se busca reforzar la trazabilidad de los metales mediante la exigencia de que los establecimientos dedicados a su compra, acopio, transporte, transformación, fundición o comercialización mantengan documentación suficiente sobre su origen lícito, cuando ello sea exigible conforme a la normativa vigente. Esta información deberá incluir, entre otros datos, la identificación del proveedor, la fecha de adquisición, el volumen, el peso y las características del material.
La iniciativa aclara que no pretende crear un nuevo régimen administrativo para estos establecimientos. Por tanto, la falta de documentación solo podrá considerarse cuando exista una obligación normativa de mantenerla y atendiendo a las circunstancias concretas del caso, con el fin de evitar que una irregularidad documental aislada se convierta en una forma de responsabilidad penal objetiva.
Los fundamentos también mencionan la utilidad de reforzar los controles vehiculares en rutas de salida, especialmente para camiones y vehículos de carga, y de coordinar alertas tempranas cuando se detecten cables de cobre similares a los utilizados en redes eléctricas. Estas medidas deberán desarrollarse dentro de las competencias legales de los organismos respectivos, sin incorporar obligaciones que correspondan a materias de iniciativa exclusiva presidencial.
En síntesis, el proyecto propone tres cambios principales: reconocer la especial afectación de sectores rurales, aislados o de difícil acceso como criterio para agravar las penas cuando se dificulte la reposición del servicio o se comprometan prestaciones esenciales; extender esta protección al hurto y a los daños, además del robo; y establecer criterios de valoración probatoria y exigencias de trazabilidad para facilitar la persecución de la receptación, sin vulnerar la presunción de inocencia ni sustituir la obligación del Ministerio Público de acreditar los delitos.
Con estas medidas, la iniciativa busca complementar los avances de la Ley N° 21.761, corregir sus dificultades prácticas y ofrecer una respuesta penal más adecuada frente a hechos que no solo afectan la propiedad, sino también el acceso de las comunidades a servicios básicos indispensables.
Vea texto moción Boletín N° 18.612-07 y siga su tramitación aquí.
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