Beneficiaria deberá restituir subsidio habitacional al no acreditarse que residía en la vivienda adquirida con el beneficio

La Corte Suprema desestimó estos argumentos al advertir que el recurso estaba construido sobre hechos distintos de aquellos establecidos por los jueces de instancia.

En efecto, la sentencia recurrida tuvo por establecido que se realizaron legalmente tres visitas al inmueble objeto del subsidio y que la beneficiaria no fue encontrada en ninguna de ellas. También determinó que la prueba documental y testimonial presentada era insuficiente para demostrar que efectivamente habitaba la propiedad y para desvirtuar lo consignado en el Certificado. A ello se sumaron antecedentes que daban cuenta de un domicilio diferente en Cerro Sombrero.

La recurrente, en cambio, sostuvo que sí habitaba como residencia habitual el departamento y que el domicilio registrado en Cerro Sombrero correspondía únicamente al lugar donde desarrollaba su actividad laboral.

Los jueces de instancia habían establecido, además, que habitar la vivienda no constituía un pago, sino una carga o condición asociada al beneficio, que no se había acreditado un error de hecho en el título y que se encontraban comprobadas las tres visitas en las que la beneficiaria no fue encontrada en el inmueble.

La Corte Suprema sostuvo que esos hechos resultaban inamovibles en sede de casación, debido a que no fueron modificados mediante una denuncia eficaz de infracción de las leyes reguladoras de la prueba.

En particular, explicó que los artículos 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil invocados por la recurrente no tienen, en este caso, la naturaleza de normas reguladoras de la prueba que permitieran alterar los hechos establecidos por los tribunales de instancia.

Respecto del artículo 1698 del Código Civil, el máximo tribunal precisó que esta disposición se infringe cuando una sentencia altera la carga de la prueba, imponiendo a una parte la obligación de acreditar un hecho que correspondía probar a la contraparte. Esa situación, señaló, no se produjo en este caso.

La Corte agregó que las alegaciones formuladas buscaban, en definitiva, que el máximo tribunal realizara una nueva valoración de la prueba distinta de aquella efectuada por los jueces de instancia, labor que resulta ajena a los fines del recurso de casación en el fondo.

El fallo advirtió, además, otra deficiencia en la impugnación. La recurrente no extendió adecuadamente la denuncia de infracción a disposiciones que tenían carácter decisorio para resolver la controversia, entre ellas el artículo 1567 del Código Civil, los incisos cuarto y quinto del artículo 4 de la Ley N°17.635 y el artículo 3 de la Ley N°19.880. La sola mención de esas normas en la fundamentación del recurso no resultaba suficiente para cumplir esta exigencia.

Por estas razones, la Corte Suprema concluyó que las disposiciones denunciadas como infringidas no proporcionaban un fundamento que permitiera acoger la casación y rechazó el recurso por manifiesta falta de fundamento.

De esta manera, se mantuvo la sentencia de la Corte de Arica que confirmó el rechazo de las excepciones planteadas por la beneficiaria y ordenó seguir adelante con la ejecución hasta obtener el entero y cumplido pago de lo adeudado.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº41.446-2026, Corte de Arica Rol Nº127-2026 (Civil) y del Tercer Juzgado de Letras de Arica Rol NºC-2505-2024.