Antecedentes técnicos de proyecto inmobiliario deben mantenerse reservados mientras operación no se perfeccione

Al resolver, la Corte recordó que el acceso a la información que se encuentra en poder de los órganos de la Administración constituye la regla general y que su reserva es excepcional. Sin embargo, precisó que esa regla no es absoluta, pues el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia permite mantener reservados antecedentes cuando su publicidad, comunicación o conocimiento pueda afectar derechos comerciales o económicos de las personas.

La Corte constató que los antecedentes fueron elaborados y financiados por la inmobiliaria y que reflejan su conocimiento, experiencia y decisiones técnicas, constructivas y económicas, por lo que forman parte de su patrimonio técnico y económico. Precisó que su entrega a un organismo público no modifica por sí sola esa naturaleza.

Además, destacó que la operación aún no estaba perfeccionada, pues solo existía una promesa de compraventa, sin contratos definitivos, inscripción de los inmuebles ni pago del precio. Por ello, concluyó que la Administración tuviera los documentos en su poder no significaba que estos hubieran perdido su carácter privado ni que los derechos de su titular se hubieran extinguido o transferido.

La Corte estimó que, mientras la operación no se concrete, los antecedentes pueden contener información comercial sensible susceptible de ser aprovechada por competidores y mantienen su carácter privado, pese a haber sido entregados a la Administración.

Precisó que la situación podría cambiar una vez perfeccionadas y pagadas las compraventas, cuando se materialice el uso de recursos públicos, pues entonces los antecedentes que sustenten las actuaciones administrativas podrían quedar sometidos al régimen de publicidad, sin perjuicio de las causales de reserva aplicables.

Por ello, el tribunal discrepó del criterio del CPLT según el cual bastaba que la documentación estuviera en poder del organismo público para disponer su entrega. Si bien esa circunstancia permite someterla inicialmente al régimen de transparencia, también debe analizarse su naturaleza, titularidad, el estado de la operación y los efectos concretos que podría producir su divulgación.

En este caso, la Corte tuvo por configurada la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285. Consideró que divulgar en esta etapa antecedentes técnicos, constructivos y comerciales elaborados y financiados por la inmobiliaria significaría revelar información integrante de su patrimonio y de sus conocimientos, experiencia y experticia técnica, además de decisiones de diseño, construcción y carácter económico que podrían ser conocidas y aprovechadas por terceros.

El tribunal añadió que la empresa conserva la propiedad del proyecto y mantiene un interés económico actual en preservar la reserva mientras la operación no se perfeccione. La eventual afectación no se sustentaba únicamente en afirmaciones generales, sino en circunstancias concretas: la naturaleza técnica y comercial de los antecedentes, su elaboración y financiamiento privados, los conocimientos empresariales incorporados en ellos, la subsistencia del dominio e interés económico sobre el proyecto y el hecho de que la operación todavía no se había concretado.

En consecuencia, la Corte concluyó que el CPLT incurrió en ilegalidad al ordenar la entrega sin ponderar suficientemente esas circunstancias y descartar la causal de reserva pese a concurrir sus presupuestos. Por ello, acogió, sin costas, el reclamo de ilegalidad presentado por la inmobiliaria, dejó sin efecto la decisión del CPLT y rechazó el amparo de acceso a la información que había dado origen al procedimiento.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol Nº276-2026.