Corte Suprema revoca inadmisibilidad y ordena tramitar recurso de amparo contra prisión preventiva decretada por Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de San Miguel declaró inadmisible un recurso de amparo presentado contra una resolución dictada por una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la decisión del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago y dispuso la prisión preventiva de la imputada.

Al analizar la presentación, el tribunal recordó que el artículo 21 de la Constitución establece que el amparo procede en favor de quien se encuentre arrestado, detenido o preso con infracción a la Constitución o las leyes. Su finalidad es proteger la libertad personal y la seguridad individual, garantizando que ninguna de ellas sea afectada fuera de los casos y formas establecidos por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, señaló que la propia norma constitucional dispone que el recurso debe ser conocido por el tribunal que determine la ley. Esta regla se encuentra desarrollada en el artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales, que entrega a las Cortes de Apelaciones la competencia para conocer de las acciones de amparo en primera instancia.

Sin embargo, el tribunal sostuvo que no resulta procedente utilizar una acción cautelar para impugnar lo resuelto por una Corte de Apelaciones ante otro tribunal de igual jerarquía, aunque pertenezca a una jurisdicción distinta, con el propósito de que este último revise el mérito de la decisión.

Para fundamentar esta conclusión, citó un fallo de la Corte Suprema de 1 de julio de 2020 (Rol N°76.433-2020). En esa oportunidad, el máximo tribunal advirtió que permitir este tipo de revisiones significaría atribuir a una Corte una competencia impropia de tribunal superior, con el consiguiente desconocimiento de las reglas sobre competencia, grado y jerarquía establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. Además, indicó que ello podría constituir una vulneración del artículo 7° de la Constitución.

La resolución agregó que, cuando un asunto ya ha sido conocido y resuelto a través de las instancias previstas por la ley, no corresponde volver a discutirlo mediante otra acción cautelar. A juicio del tribunal, esa era precisamente la situación del caso, pues la resolución cuestionada había sido dictada por una sala de la Corte de Apelaciones en el marco de la revisión de lo resuelto por el juzgado de garantía.