Contraloría imparte instrucciones sobre funciones y atribuciones de las Direcciones de Control Municipal

La representación, agregó, constituye un reproche de juridicidad de un determinado acto y no debe interferir en aspectos de conveniencia, mérito u oportunidad. Por ello, quienes la efectúen deben identificar el acto representado, expresar por escrito los fundamentos jurídicos de su decisión, indicar las normas o criterios jurisprudenciales infringidos y explicar la forma en que se produce la vulneración al ordenamiento jurídico, señalando además un término estimativo y prudencial para verificar la adopción de medidas destinadas a subsanar las observaciones.

Aunque la ley no establece un plazo específico para remitir a la Contraloría la información respectiva, el dictamen indicó que dicha obligación debe cumplirse con la mayor prontitud posible, conforme a los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia, a fin de impedir o paliar los efectos dañosos de una eventual determinación alcaldicia improcedente.

Respecto de la jefatura de la Unidad de Control, el órgano fiscalizador recordó que debe proveerse mediante concurso de oposición y antecedentes y que el cargo no puede permanecer vacante por más de seis meses consecutivos. Las bases del concurso y el nombramiento requieren aprobación del concejo municipal, y quienes postulen deben poseer un título profesional o técnico de un área afín con la especialidad de las materias que corresponden a la unidad, relacionadas, en términos generales, con la fiscalización de asuntos de índole financiera o legal.

Sobre la subrogación, precisó que los funcionarios a contrata están impedidos de desempeñar funciones de jefatura y directivas. La subrogación corresponde, en primer término, al funcionario de la misma unidad que siga en el orden jerárquico y reúna los requisitos para desempeñar el cargo, pudiendo el alcalde establecer otro orden cuando en aquella no existan servidores que cumplan esas exigencias.

En materia de remoción, la Contraloría indicó que la jefatura de la Unidad de Control solo puede ser removida por las causales de cese aplicables a los funcionarios municipales, previa instrucción del respectivo sumario. Cuando se trate de una infracción a sus deberes y obligaciones generales como servidor municipal susceptible de afectar su responsabilidad administrativa, su vínculo estatutario únicamente podrá terminar mediante la medida disciplinaria de destitución, como consecuencia de un procedimiento disciplinario llevado a cabo por el municipio.

El dictamen precisó, además, que existe una regla especial para los sumarios en que se investigue específicamente el incumplimiento de las funciones propias de la jefatura de control y, en particular, de la obligación de representar al concejo las observaciones relativas al financiamiento del presupuesto municipal prevista en el artículo 81 de la Ley N°18.695. En esos casos, el procedimiento debe ser instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del concejo.

Asimismo, recordó que existen otras causales legales de cese contempladas en el artículo 144 de la Ley N°18.883, entre ellas la aceptación de la renuncia; la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en relación con el respectivo cargo municipal; la declaración de vacancia; la supresión del empleo; y el fallecimiento. Estas causales son independientes entre sí y no requieren la tramitación previa de un sumario administrativo.

En cuanto al traslado del personal de las unidades de control, el dictamen señaló que el alcalde requiere acuerdo del concejo municipal para readscribir o destinar a otras unidades a quienes se desempeñen en ellas. La destinación, además, solo puede disponer el desempeño de funciones propias del cargo para el que el funcionario fue designado y de la misma jerarquía.

Finalmente, el pronunciamiento abordó los mecanismos de reclamo ante la Contraloría. Recordó que el artículo 156 de la Ley N°18.883 permite a los funcionarios municipales reclamar cuando se produzcan vicios de legalidad que afecten los derechos que les reconoce ese estatuto, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde que hayan tomado conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio.

Presentado el reclamo, la Contraloría deberá resolverlo previo informe del alcalde respectivo, quien dispone de diez días hábiles para evacuarlo. Vencido ese término, con o sin el informe, el órgano contralor procederá a resolver el reclamo, para lo cual dispone de veinte días hábiles.

La Contraloría instruyó a las municipalidades asegurar la debida y oportuna publicidad de estas instrucciones y adoptar, en el marco de sus deberes de control jerárquico respecto de sus subalternos, todas las medidas necesarias para su íntegro cumplimiento, lo que podrá ser fiscalizado por el propio órgano contralor.

Vea texto Dictamen N°IN28N26 de CGR.