Proyecto de ley busca sancionar con cárcel, multas y prohibición de embarque a pasajeros que pongan en riesgo la seguridad aérea

En Brasil, en tanto, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) estableció en marzo de 2026 nuevas categorías de infracciones, con multas de hasta US$3.500 y prohibiciones de embarque de entre seis y doce meses. Para los autores, estas experiencias respaldan la necesidad de modernizar la legislación chilena mediante multas más elevadas y la prohibición de embarcar como sanción adicional.

La iniciativa también recuerda que, frente al problema de los pasajeros insubordinados, la comunidad internacional adoptó el Convenio de Tokio de 1963, posteriormente modificado por el Protocolo de Montreal de 2014. Según la moción, este instrumento promueve que los Estados adopten modificaciones internas que permitan sancionar a estos pasajeros en el país donde aterrice la aeronave.

En Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ya reconoce este tipo de situaciones en el procedimiento aeronáutico DAP 17 06, sobre inspección de pasajeros en condición especial y control de pasajeros perturbadores. La normativa define como pasajero perturbador o insubordinado a quien no respeta las normas de conducta en un aeródromo o dentro de una aeronave, desobedece las instrucciones del personal y perturba el orden y la disciplina.

El procedimiento permite al comandante solicitar el desembarque forzoso del infractor y entregarlo posteriormente a la autoridad policial en casos de agresión. Sin embargo, los autores consideran que estas herramientas operativas tienen una capacidad limitada para prevenir y sancionar las conductas, por lo que estiman necesario incorporar al Código Aeronáutico sanciones específicas y proporcionales al riesgo generado.

Con ese objetivo, el proyecto propone modificar el Código Aeronáutico para establecer sanciones administrativas y penales contra los pasajeros disruptivos e insubordinados, buscando proteger la seguridad de las operaciones aéreas, la infraestructura aeroportuaria y el normal funcionamiento del transporte aéreo.

En primer lugar, se propone incorporar un nuevo artículo 185 bis para sancionar como “pasajero perturbador” a quien, dentro de un aeródromo o a bordo de una aeronave civil, realice conductas que alteren el orden, la tranquilidad, la higiene o el normal desarrollo de los servicios aeroportuarios o del vuelo, siempre que esas acciones no comprometan directamente la seguridad operacional. La autoridad aeronáutica sancionará en estos casos con una multa de 10 a 100 UTM.

Si la conducta se realiza bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas, o incluye agresiones verbales o amenazas leves contra personal aeronáutico o aeroportuario, la multa deberá aplicarse en la mitad superior del rango establecido.

Además, la propuesta incorpora un nuevo artículo 194 ter para sancionar penalmente las conductas que pongan en riesgo la seguridad de la aviación civil, de una aeronave en vuelo o en servicio, o la regularidad de las operaciones aeroportuarias. La pena propuesta es de presidio menor en sus grados medio a máximo, junto con una multa de 50 a 500 UTM.

Entre las conductas sancionadas se incluye desobedecer deliberadamente las órdenes legítimas impartidas por el comandante de la aeronave, la tripulación o el personal de seguridad aeroportuaria; ejercer violencia física, intimidación, amenazas o coacción contra personal de vuelo, de cabina, de seguridad aeroportuaria o de atención en tierra mientras desempeñan sus funciones; y destruir, inutilizar o dañar mediante violencia o fuerza física la infraestructura aeroportuaria, los sistemas tecnológicos de autoatención, los counters o los módulos de embarque, cuando ello entorpezca la continuidad del servicio.

También será sancionado quien comunique o difunda maliciosamente falsas alarmas de emergencia o avisos sobre supuestos artefactos explosivos cuando estos provoquen alteraciones, retrasos o la suspensión de las operaciones aéreas.

Si alguna de estas conductas obliga al comandante de una aeronave a disponer un desvío, un retraso sustancial o un aterrizaje de emergencia, tanto la pena privativa de libertad como la multa deberán aplicarse en su grado máximo.

Finalmente, en todos los casos comprendidos por esta nueva figura penal, el tribunal deberá imponer adicionalmente la prohibición absoluta de embarcar en aeronaves destinadas al transporte público comercial de pasajeros y de ingresar a los aeródromos del país por un período de uno a cinco años. La medida deberá ser comunicada a la Dirección General de Aeronáutica Civil para su fiscalización y a las compañías aéreas, que estarán obligadas a cumplirla.

Vea texto mociónBoletín N° 18.617-15 y siga su tramitación aquí.