Recurso de funcionaria que buscaba invalidar sumario administrativo de la Superintendencia de Educación se rechaza por la Corte Suprema

Respecto de la alegación relativa a la falta de acreditación del cargo, el tribunal sostuvo que la valoración de la prueba efectuada por la fiscal instructora constituía una cuestión de fondo que debió ser debatida oportunamente y que, aun cuando se hubiese acreditado el vicio invocado, este no tendría entidad suficiente para fundar la invalidación de los actos administrativos sobre la base de la nulidad de derecho público.

También rechazó la supuesta incompetencia del Director Regional para aplicar medidas disciplinarias. Para ello consideró lo dispuesto en el artículo 140 del Estatuto Administrativo y el carácter territorialmente desconcentrado de la Superintendencia de Educación establecido en el artículo 47 de la Ley Nº20.529.

Por estas razones, el tribunal rechazó la demanda de nulidad de derecho público y condenó en costas a la demandante.

La exfuncionaria apeló de esa decisión ante la Corte de Santiago, tribunal que confirmó el fallo de primera instancia. La Corte sostuvo que las alegaciones de la recurrente no eran suficientes para desvirtuar lo decidido por el tribunal a quo ni la presunción de legalidad de los actos administrativos establecida en el inciso final del artículo 3 de la Ley Nº19.880.

Contra esta última sentencia, la demandante interpuso recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. En un primer capítulo denunció la infracción de los artículos 6 y 7 de la Constitución y del artículo 138 de la Ley Nº18.834, argumentando que los cargos debían ser concretos y precisos y que, en el caso, habían sido formulados de manera ambigua y sobre la base de suposiciones genéricas.

En un segundo capítulo alegó la infracción de los artículos 61 letra g) de la Ley Nº18.834 y 52 inciso segundo de la Ley Nº18.575, en relación con el artículo 61 letra c) del Estatuto Administrativo. Sostuvo que no existía relación entre la obligación de observar el principio de probidad y aquella referida a realizar las labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia.

La Corte Suprema desestimó el primer capítulo al advertir un defecto en su formulación. Señaló que los artículos 6 y 7 de la Constitución no tuvieron incidencia en la decisión del asunto controvertido, mientras que el artículo 138 del Estatuto Administrativo no fue aplicado ni debía serlo por la sentencia recurrida, por lo que las normas denunciadas carecían de influencia sustancial en lo resuelto.

Respecto del segundo capítulo, el máximo tribunal concluyó que también presentaba un defecto que lo hacía inviable, pues se dirigía contra los hechos establecidos por los jueces del fondo. Estos habían determinado que el cargo no fue descrito genéricamente, que la funcionaria pudo ejercer su derecho a defensa y que del examen de su formulación no era posible apreciar la confusión normativa denunciada.

La Corte recordó que los hechos fijados en una sentencia corresponden al resultado de la ponderación judicial de la prueba y que esa actividad se encuentra dentro de las facultades privativas de los sentenciadores del grado, sin quedar sujeta al control del recurso de casación en el fondo, salvo que se denuncie eficazmente la vulneración de leyes reguladoras de la prueba.

Como la recurrente no denunció infracción alguna a dichas leyes, los hechos establecidos por los jueces del grado permanecieron inamovibles para la Corte Suprema. En consecuencia, el tribunal concluyó que el recurso no podía prosperar por manifiesta falta de fundamentos y rechazó el arbitrio.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº32.573-2025, Corte de Santiago Rol Nº1.415-2023 y 22°Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-26.985-2019.