Corte de Concepción anula sentencia que indemnizó accidente laboral por deficiente valoración de la prueba

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de nulidad interpuesto por una sociedad concesionaria y anuló la sentencia que había acogido una demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo. El tribunal concluyó que el fallo infringió manifiestamente las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, al tener por acreditados el accidente laboral y el nexo causal mediante razonamientos que no contaban con suficiente respaldo probatorio.

La causa se originó en una demanda presentada por una trabajadora ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. La trabajadora sostuvo que sufrió un accidente mientras desempeñaba labores en el economato de un establecimiento penitenciario.

El tribunal del trabajo acogió la demanda y condenó a la empleadora al pago de una indemnización por daño moral, tras considerar acreditada la ocurrencia del accidente y el incumplimiento del deber de protección que establece el artículo 184 del Código del Trabajo.

La empresa recurrió de nulidad invocando exclusivamente la causal prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, la infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

La recurrente sostuvo que la sentencia tuvo por acreditados tanto el accidente como su relación causal con las lesiones de la trabajadora sobre la base de inferencias insuficientes. También cuestionó que el tribunal hubiera prescindido de la resolución de la Mutual de Seguridad que calificó la patología de la demandante como de origen común y no laboral.

Al resolver, la Corte recordó que esta causal de nulidad no permite reemplazar la valoración de la prueba efectuada por el juez del trabajo por aquella que prefieran los ministros de la Corte. Su finalidad consiste en controlar que el razonamiento utilizado para establecer los hechos sea racional, coherente y suficientemente fundado, respetando los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Al revisar la sentencia, el tribunal constató que el juez tuvo por acreditado que la trabajadora sufrió un accidente el 28 de enero de 2024, cuando intentó sostener una caja que se precipitaba. Para llegar a esa conclusión consideró conversaciones mantenidas mediante aplicaciones de mensajería, registros de audio, declaraciones testimoniales y la conducta posterior de la empleadora, particularmente la falta de una derivación inmediata de la trabajadora a la Mutual correspondiente.

La Corte, sin embargo, advirtió un déficit relevante en la argumentación utilizada para establecer que el accidente efectivamente ocurrió. Explicó que demostrar que la trabajadora comunicó a otras personas haber sufrido un accidente permite acreditar la existencia de esa comunicación, pero no basta, por sí sola, para concluir que el hecho ocurrió en los términos relatados.

A juicio del tribunal de alzada, la sentencia convirtió la comunicación del supuesto accidente en prueba suficiente de su efectiva ocurrencia, sin desarrollar un razonamiento intermedio que permitiera descartar otras hipótesis plausibles. Con ello, estimó vulneradas las exigencias derivadas del principio de razón suficiente.

La Corte también otorgó especial relevancia a la resolución técnica de la Mutual de Seguridad, que descartó el origen laboral de la patología de la trabajadora y determinó que correspondía a una enfermedad de carácter común.