Inmobiliaria y constructora deberán indemnizar a propietarios por daños en su vivienda provocados por la construcción de un edificio vecino

La Corte también mantuvo el rechazo de las indemnizaciones solicitadas por daño ambiental y de las pretensiones formuladas por los hijos. En cuanto a la apelación de las empresas, esta fue desestimada por contener una petición que no guardaba relación con la competencia del tribunal.

Frente a esta decisión, las demandadas recurrieron de casación en la forma ante la Corte Suprema, invocando dos causales contempladas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil: haber otorgado más de lo solicitado por las partes, vicio conocido como ultra petita, y contener decisiones contradictorias.

Respecto de la primera causal, alegaron que la sentencia las había condenado a pagar $28.248.590 más IVA por daño material, pese a que el apartado final de peticiones de la demanda solo mencionaba la suma indicada, sin incorporar expresamente ese impuesto. A su juicio, la inclusión del IVA constituía una indemnización superior a la pedida y les imponía una carga patrimonial improcedente.

En relación con la segunda causal, cuestionaron la condena en costas, argumentando que la demanda no había sido acogida íntegramente, pues solo dos de los cuatro demandantes obtuvieron indemnización y también se rechazó la pretensión por daño ambiental. Por ello, sostuvieron que existían motivos plausibles para litigar y que correspondía eximirlas de ese pago conforme al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Las empresas solicitaron anular la sentencia y dictar una de reemplazo que rechazara la indemnización por daño material o, subsidiariamente, eliminara el IVA y las liberara del pago de las costas.

Al examinar el recurso, la Corte Suprema explicó que una sentencia incurre en ultra petita cuando concede más de lo solicitado por las partes o se pronuncia sobre materias que no fueron sometidas a la decisión del tribunal. Precisó que esta prohibición, vinculada con el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, busca asegurar que los jueces resuelvan dentro de los límites de la controversia.

El máximo tribunal añadió que, para determinar si se configura este vicio, es necesario comparar las peticiones formuladas por las partes con lo efectivamente resuelto, considerando los escritos fundamentales del juicio en su conjunto y no únicamente algunos de sus apartados.

Aplicando ese criterio, reconoció que en el petitorio de la demanda se solicitaban $28.248.590 por daño material sin mencionar el IVA. Sin embargo, advirtió que en el desarrollo del mismo escrito los demandantes habían pedido expresamente la reparación total de los perjuicios, indicando que su costo ascendía a esa suma más el impuesto correspondiente.

Por ello, concluyó que la sentencia no había concedido más de lo solicitado, ya que la pretensión indemnizatoria debía interpretarse de manera integral y no limitarse a la redacción del apartado final de la demanda.

La Corte también consideró que los propietarios tenían la calidad de consumidores finales y, por tanto, debían soportar el IVA al contratar las reparaciones necesarias. En consecuencia, dicho impuesto constituía un desembolso efectivo que debía incluirse en la indemnización destinada a reparar íntegramente el daño.

Asimismo, destacó que las propias empresas habían reconocido en su contestación que los demandantes solicitaban $28.248.590 más IVA por los perjuicios materiales. De esta manera, estimó que cuestionar posteriormente la inclusión del impuesto implicaba contradecir lo sostenido por ellas mismas durante el juicio, conducta que no encuentra amparo en el ordenamiento jurídico.

En cuanto a la alegación de decisiones contradictorias, la Corte Suprema también la descartó. Explicó que la condena en costas constituye una decisión de carácter económico que no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia definitiva, aunque se encuentre incorporada en ella. Por esta razón, sostuvo que el cuestionamiento al pago de las costas no permitía configurar la causal de casación invocada por las empresas.

En consecuencia, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma y dejó firme la sentencia de la Corte de Concepción.

De esta manera, se mantuvo la condena solidaria contra las empresas por $28.248.590 más IVA por daños materiales y $15.000.000 por daño moral para cada uno de los dos propietarios afectados, además de los reajustes y costas establecidos en la sentencia.

Vea sentencia de la Corte Suprema Rol N°45.032-2025de la Corte de Concepción Rol N°2662-2023(Civil) y del Segundo Juzgado Civil de Concepción Rol C-4512-2029.