Proyecto de ley busca reconocer el aporte de los ELEAM privados y fortalecer la continuidad del cuidado residencial

La moción de las senadoras Núñez y Vodanovic y de los senadores Castro y Keitel busca reconocer el aporte de los ELEAM privados con autorización sanitaria vigente y fortalecer la continuidad de sus servicios mediante reglas sobre contratación, pago de prestaciones, reserva de plazas y recuperación de inversiones. Asimismo, propone una evaluación voluntaria de buenas prácticas y medidas para resguardar los derechos de los residentes y precisar las responsabilidades contractuales. La iniciativa destaca la relevancia social del cuidado residencial, que requiere personal, infraestructura y recursos para proporcionar atención y apoyo permanente a las personas mayores.

En sus fundamentos, los autores sostienen que los ELEAM contribuyen al cuidado de los residentes, al apoyo de sus familias y a la preservación de sus vínculos personales y comunitarios, respetando su autonomía y preferencias, incluso en situaciones de alta dependencia. El proyecto reconoce como estratégicos a los establecimientos privados con autorización sanitaria vigente, calidad que se otorgará por ley, sin trámites adicionales, y que permitirá fortalecer sus relaciones institucionales y contractuales. Este reconocimiento será independiente de las evaluaciones voluntarias destinadas a acreditar buenas prácticas o resultados específicos. Asimismo, se destaca su aporte a la continuidad de los cuidados después de una hospitalización, aunque cualquier efecto sobre la disponibilidad de camas deberá acreditarse con antecedentes verificables.

El proyecto busca dar estabilidad a los convenios mediante reglas que precisen las prestaciones contratadas, las obligaciones de pago y las consecuencias de su término. Para ello, distingue entre servicios ejecutados y plazas reservadas, protege el pago de montos no controvertidos y regula la recuperación de inversiones específicas solicitadas o aprobadas por la contraparte. Estas normas se aplicarán a contratos entre particulares, sin autorización administrativa adicional, mientras que los contratos públicos, las transferencias fiscales y las obligaciones de seguridad social mantendrán sus regulaciones propias.

La iniciativa establece un sistema voluntario de evaluación para medir y comparar la calidad del cuidado residencial mediante objetivos, indicadores y mecanismos de verificación. La evaluación considerará las condiciones particulares de los residentes y abarcará la seguridad y continuidad de la atención, su bienestar y autonomía, el apoyo familiar, la participación comunitaria y las condiciones laborales de los equipos. Su aplicación permitirá acreditar buenas prácticas y respaldar acuerdos privados vinculados a resultados, sin constituir una nueva exigencia para el funcionamiento de los ELEAM.