Caja de compensación deberá devolver descuentos a trabajador por reactivar cobro de crédito tras más de cuatro años sin gestiones de cobranza

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de protección interpuesto por un trabajador contra la Caja de Compensación Los Héroes y ordenó suspender los descuentos efectuados sobre sus remuneraciones para cobrar un crédito social contratado en 2021. El tribunal concluyó que la entidad actuó de manera ilegal y arbitraria al reanudar las retenciones después de más de cuatro años sin acreditar gestiones de cobranza y sin respetar el plazo otorgado al deudor para regularizar su situación. En consecuencia, dispuso la devolución de las sumas descontadas desde mayo de 2026, al estimar vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

La controversia se originó cuando el trabajador advirtió que, a partir de mayo de 2026, comenzaron a descontarse mensualmente $91.136 de sus remuneraciones por un crédito social otorgado en 2021. Sostuvo que las retenciones se efectuaron sin aviso previo y respecto de una deuda que consideraba prescrita, afectando su patrimonio y dificultando el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias con sus hijos. Por ello, interpuso un recurso de protección, alegando la vulneración de su derecho de propiedad y solicitando que se declarara la prescripción de la deuda y se restituyeran los montos descontados.

Al informar el recurso, la Caja de Compensación solicitó su rechazo. Explicó que el trabajador había contratado un crédito social por $1.132.725, pactado en quince cuotas mensuales de $91.136, cuyo pago había sido incumplido. Argumentó que los descuentos estaban autorizados por el artículo 22 de la Ley N°18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo, disposiciones que permiten cobrar estas obligaciones mediante retenciones efectuadas directamente por el empleador.

Asimismo, sostuvo que la deuda continuaba vigente, al no existir una sentencia judicial que declarara su prescripción, y que había cumplido con el deber de información previa mediante un correo electrónico enviado el 22 de mayo de 2026, en el que otorgó al trabajador quince días para regularizar o aclarar su situación. También alegó que el recurso era extemporáneo respecto de las actuaciones de cobro anteriores al plazo legal y que la prescripción debía discutirse en un juicio ordinario, por tratarse de una materia que excedía el ámbito del recurso de protección.

En cuanto a la devolución de las sumas retenidas, afirmó que estas constituían pagos parciales de una obligación vigente y que, incluso si la acción de cobro estuviera prescrita, su restitución podría resultar improcedente por tratarse del cumplimiento de una obligación natural, conforme al artículo 1470 del Código Civil.

Al examinar la controversia, la Corte de Chillán recordó que el recurso de protección tiene por finalidad resguardar los derechos fundamentales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Asimismo, descartó la extemporaneidad alegada por la Caja, al considerar que los descuentos constituían actuaciones sucesivas que renovaban mensualmente la afectación denunciada. Por ello, concluyó que la acción había sido presentada dentro del plazo legal, ya que las retenciones continuaban efectuándose al momento de su interposición.

Respecto de los antecedentes del crédito, el tribunal estableció que este había sido otorgado en agosto de 2021 por $1.132.725, pagadero en quince cuotas mensuales, de las cuales el trabajador solo había abonado las tres primeras. Constató que el último pago registrado antes de 2026 correspondía a marzo de 2022 y que la deuda había sido castigada contablemente en enero de 2023. Asimismo, que la Caja no acreditó haber realizado gestiones de cobranza judiciales o extrajudiciales durante más de cuatro años, ni haber iniciado oportunamente acciones judiciales para obtener el pago. Pese a esa inactividad, en mayo de 2026 reactivó el cobro mediante descuentos directos sobre las remuneraciones del trabajador.

Para resolver el conflicto, la Corte examinó los artículos 21 y 22 de la Ley N°18.833, que autorizan a las cajas de compensación a otorgar créditos sociales y cobrar sus cuotas mediante retenciones efectuadas por el empleador, conforme a las reglas aplicables al pago y cobro de cotizaciones previsionales.

El tribunal reconoció que este mecanismo especial responde a la finalidad de seguridad social y al carácter no lucrativo de las cajas de compensación. Sin embargo, precisó que la facultad de descontar directamente las remuneraciones no es ilimitada y debe ejercerse respetando las normas que regulan la cobranza de obligaciones morosas.