Corte Suprema confirma orden a municipios y Delegación Presidencial para adoptar plan conjunto frente a ocupación de espacios públicos en Barrio Patronato

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en favor de los vecinos del Barrio Puente Patronato, declarando que la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Recoleta y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana incurrieron en omisiones al no ejercer adecuadamente sus deberes legales de velar por el aseo, ornato, seguridad y orden público en los espacios públicos del sector, ocupados por personas en situación de calle.

El recurrente, en representación de los vecinos del Barrio Puente Patronato, expuso que desde 2021 se ha producido una creciente ocupación de espacios públicos por personas en situación de calle, especialmente en los bandejones y áreas cercanas al río Mapocho, entre las comunas de Recoleta y Santiago. Sostuvo que esta situación ha generado graves problemas de insalubridad, inseguridad y deterioro del entorno, afectando la vida cotidiana de los residentes, quienes se ven impedidos de usar plazas y veredas por la presencia de grupos que consumen alcohol y drogas, realizan actos violentos y dejan desechos en la vía pública. Alegó que las autoridades municipales y la Delegación Presidencial han incurrido en omisiones ilegales y arbitrarias al no adoptar medidas efectivas para controlar y revertir esta situación, vulnerando así las garantías constitucionales a la vida, la integridad física y psíquica, y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

La Municipalidad de Recoleta solicitó el rechazo del recurso, afirmando que ha desplegado diversas acciones para abordar las externalidades negativas derivadas de los asentamientos irregulares en la comuna. Indicó que, a través de su Dirección de Seguridad Humana, ha participado en operativos de retiro, denuncias ante Fiscalía, coordinación con Carabineros, patrullajes preventivos y solicitudes de aumento de dotación policial. Agregó que desde 2019 ejecuta un programa comunitario destinado a interrumpir la situación de calle, ofreciendo alternativas de apoyo social, aunque reconoció que muchas personas rechazan la ayuda. En lo jurídico, alegó la improcedencia del recurso por versar sobre materias de lato conocimiento, su extemporaneidad y la inexistencia de actos u omisiones ilegales atribuibles al municipio.