Corte Suprema fija estándar de igualdad en cobertura de salud mental y obliga a isapres a equipararla con prestaciones físicas

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió el recurso de protección deducido por un afiliado en contra de la Isapre Vida Tres, a propósito de la negativa de la institución previsional a otorgar a las prestaciones de salud mental una cobertura equivalente a la prevista para las prestaciones de salud física, en contravención a lo dispuesto en la Ley N° 21.331 y en la Circular IF/N° 396 de la Superintendencia de Salud.

El recurrente sostuvo que la isapre incurrió en un acto ilegal y arbitrario al otorgar a las prestaciones de salud mental una cobertura inferior a la prevista para las prestaciones de salud física, aplicando topes y condiciones menos favorables que las legalmente exigidas. Alegó que dicho actuar contravenía el principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Ley N° 21.331 y desarrollado por la Circular IF/N° 396 de la Superintendencia de Salud, afectando garantías constitucionales como el derecho a la igualdad ante la ley y a la protección de la salud, razón por la cual solicitó que se ordenara a la recurrida adecuar el plan vigente y equiparar las coberturas correspondientes.

Por su parte, la isapre solicitó el rechazo de la acción, alegando, en primer término, la extemporaneidad del recurso, al sostener que el plazo debía computarse desde la suscripción del contrato de salud o, en subsidio, desde la dictación de la Ley N° 21.331 o de la Circular IF/N° 396. En cuanto al fondo, afirmó no haber incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, argumentando que la normativa invocada no resulta aplicable a planes de salud celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, por cuanto la circular solo sería obligatoria para los nuevos contratos comercializados desde el 1 de marzo de 2022. Asimismo, sostuvo que la acción cautelar no constituía la vía idónea para resolver una controversia de naturaleza contractual y negó la afectación de las garantías constitucionales invocadas, al limitarse —según indicó— a cumplir estrictamente las condiciones pactadas en el contrato vigente.

Al resolver el asunto, la Corte de Santiago rechazó el recurso de protección, estimando que no se configuraba un acto ilegal ni arbitrario por parte de la isapre. Si bien desestimó la alegación de extemporaneidad, al considerar que el contrato de salud es de tracto sucesivo y produce efectos permanentes en el tiempo, sostuvo que la controversia planteada excedía el ámbito propio de la acción cautelar, por cuanto lo pretendido implicaba una modificación del plan de salud vigente, materia de naturaleza contractual. Asimismo, concluyó que la Ley N° 21.331 y la Circular IF/N° 396 no resultaban aplicables a contratos celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, al haber sido dictadas —según razonó— para regular únicamente los nuevos planes de salud comercializados desde el 1 de marzo de 2022, descartando con ello la existencia de una discriminación arbitraria en la cobertura de las prestaciones de salud mental.

La decisión fue acordada con el voto en contra del ministro (s) señor López, quien fue del parecer de acoger el recurso de protección, al estimar que la Ley N° 21.331 reconoce como uno de sus fundamentos centrales la necesidad de enfrentar el aumento sostenido de afecciones a la salud mental y el bajo nivel de cobertura histórica existente en el sistema privado. Sostuvo que dicho cuerpo legal consagra como principio rector la erradicación de toda forma de discriminación en el acceso integral a la salud mental, otorgándole el mismo trato que a la salud física, principio que debe irradiar la interpretación y aplicación de los contratos de salud vigentes. En esa línea, afirmó que la Circular IF/N° 396 fue dictada precisamente para concretar los mandatos de la ley y que sus disposiciones no pueden entenderse restringidas solo a planes futuros, pues ello vaciaría de contenido la garantía de igualdad. Por lo mismo, concluyó que no resulta jurídicamente admisible mantener cláusulas contractuales que establezcan coberturas restringidas o topes inferiores para prestaciones de salud mental, por cuanto ellas contravienen la voluntad del legislador, infringen la normativa vigente y vulneran la garantía constitucional de igualdad y no discriminación arbitraria.