Corte Suprema revoca fallo que ordenó definir tratamiento de paciente con hepatocarcinoma y rechaza recurso de protección

El máximo tribunal recordó que esta acción exige la existencia de un derecho preexistente, categórico e indiscutido cuya vulneración pueda ser corregida mediante la adopción inmediata de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

A juicio de la Corte, ese presupuesto no se verificaba en este caso. El procedimiento solicitado no estaba incorporado en la cartera de prestaciones del Hospital Regional de Antofagasta ni incluido dentro del régimen GES, por lo que su realización exigía contratar el servicio con un tercero y disponer de recursos extraordinarios que el establecimiento no tenía disponibles.

La Corte consideró, asimismo, que no existía un mandato legal o reglamentario que obligara al hospital a financiar, en las circunstancias analizadas, una prestación que no formaba parte de su cartera de servicios. Por ello, descartó que existiera un derecho indiscutido susceptible de ser cautelado mediante el recurso de protección.

El fallo también abordó la posibilidad de que los tribunales intervengan en la determinación del tratamiento médico que debe recibir la paciente.

Sobre este punto, la Corte tuvo presente que la red asistencial había mantenido su seguimiento clínico y que se estaban considerando distintas posibilidades terapéuticas. En ese contexto, estimó que no correspondía utilizar el recurso de protección para sustituir la evaluación técnica de los profesionales de la salud ni para imponer una alternativa terapéutica determinada, como exigir la realización del procedimiento TACE en lugar de evaluar, por ejemplo, una terapia sistémica en la unidad de quimioterapia.

Para resolver, el máximo tribunal consideró también el Decreto N°29 del Ministerio de Salud, que establece las prestaciones cubiertas por el régimen de Garantías Explícitas en Salud. Al constatar que el procedimiento TACE no se encuentra incluido en ese catálogo, concluyó que la prestación no cuenta con una garantía explícita que permita exigir su otorgamiento inmediato por esa vía.

Asimismo, tuvo presente la Resolución Exenta que fija la cartera de servicios del Hospital Regional de Antofagasta. Al no encontrarse incorporado el procedimiento reclamado entre las prestaciones autorizadas para el establecimiento, la Corte estimó que el hospital actuó dentro del ámbito de sus atribuciones y que su falta de ejecución interna no configuraba una omisión ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida mediante esta acción constitucional.

La Corte también ponderó las normas y antecedentes relacionados con la gestión y el presupuesto público, especialmente los informes relativos al consumo, planificación de la demanda y disponibilidad de recursos del establecimiento. A partir de ellos, consideró que la falta de presupuesto para efectuar compras extraordinarias de servicios no permitía configurar una obligación exigible mediante esta vía cautelar.

De esta manera, el máximo tribunal estimó que las circunstancias del caso no permitían establecer la existencia de un derecho indubitado y preexistente que justificara otorgar la protección solicitada, y que tampoco correspondía a los tribunales reemplazar mediante esta acción constitucional la ponderación técnica que compete a los profesionales médicos respecto de la alternativa terapéutica adecuada.

En consecuencia, Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Antofagasta y rechazó el recurso de protección interpuesto en favor de la paciente.

La decisión fue adoptada con el voto en contra de la abogada integrante María Angélica Benavides, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº30.734-2026 y Corte de Antofagasta Rol Nº862-2026.