CS acoge acción de protección de feriantes en contra de municipio.

Se dedujo acción de protección en contra de un municipio, por cuanto se ha negado a recibir los pagos de arrendamiento y patente de los locatarios de una feria, además de haberlos amenazado con desalojos.

Los actores estimaron que tal proceder era arbitrario e ilegal, pues llevan más de 20 años desarrollando sus actividades, con lo cual se afectan sus garantías constitucionales, en específico las de la libertad de empresa y del derecho de propiedad.

Informando el libelo, la recurrida solicitó su rechazo, por cuanto es dueña del inmueble producto de un traspaso del Serviu, agregando que el contrato que este último servicio mantenía con los recurrentes venció en diciembre de 2007. Agrega que el desalojo es algo pendiente hace tiempo y que el año 2005 el Serviu les vendió terrenos para instalar sus negocios.