El acto recurrido deviene en arbitrario desde que no justifica el cambio de criterio y no se sustenta en antecedentes objetivos que permitan mudar la decisión original.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago, y acogió el recurso de protección deducido una funcionaria pública en contra de la Contraloría General de la República, por la resolución que dispuso que el término anticipado de su contrata se ajustó a derecho.

La recurrente indica que se desempeñó en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda desde el 1 de febrero de 2006 a honorarios hasta el 31 de diciembre de 2015, y que pasó a contrata desde el 1 de enero de 2016, la que fue renovada ininterrumpidamente hasta el año 2020.

Agrega que el 6 de marzo del 2020 la Dirección de Presupuestos le comunicó la decisión de poner término anticipado a su contrata por reestructuración del departamento donde trabajaba, decisión que reclamó de ilegalidad ante el Contralor General de la República, quien en una primera oportunidad acogió el arbitrio y ordenó al órgano administrativo renovarle el vínculo para el periodo que se encontraba vigente, reincorporándola a sus funciones.