Diario Constitucional

Será conocido por la Corte de Valdivia.

Recurso de protección contra Ministro de Economía por decreto que rebajó cuotas anuales de captura para unidades pesqueras de anchoveta y sardina común en las regiones de Valparaíso a Los Lagos, se admite a trámite por la Corte Suprema.

Denunciaron que el decreto impugnado reduce las cuotas de manera arbitraria, afectando tanto a los pescadores industriales como artesanales, quienes ven perjudicados sus derechos sobre las licencias y las cuotas asignadas, sin el respaldo de un informe científico actualizado que justifique la modificación de las cuotas anuales de captura.

Por Redacción·12 de diciembre de 2024·3 min de lectura
industriaspesqueras.com
Referencial

La Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Valdivia, que declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto por dos asociaciones gremiales de la pesca artesanal en contra del Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Los recurrentes exponen que el 5 de noviembre de 2024, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, dictó el Decreto Exento Nº 142, que modifica el Decreto Exento Nº 179 de 2023, y establece nuevas cuotas de captura para las unidades pesqueras de anchoveta y sardina común en las regiones de Valparaíso a Los Lagos, sujetas a licencias transables de pesca. Este decreto, a su vez, modifica una decisión anterior de abril de 2024, que estableció una cuota de 276.838 toneladas para la anchoveta y 296.663 toneladas para la sardina común, rebajando dichas cifras a 251.063 toneladas y 250.343 toneladas, respectivamente.

Denuncian que el decreto es arbitrario e ilegal, y que infringe derechos constitucionales al no basarse en un informe técnico actualizado del Comité Científico Técnico, como lo exige la legislación. Argumentan que la modificación de las cuotas de captura no está suficientemente fundamentada, pues se basa solo en informes internos de la Subsecretaría de Pesca, sin la participación de un análisis técnico actualizado sobre el estado de la pesquería. Además, señalan que los informes técnicos utilizados no están publicados como exige la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que vulnera el procedimiento legal necesario para la toma de decisiones en materia pesquera. También critican la falta de consideración de datos más recientes, como los proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), que podrían afectar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la correcta administración de las cuotas.

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