Sanción administrativa de destitución está sujeta al control de legalidad de la Contraloría, resuelve la Corte Suprema

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Arica que rechazó el recurso de protección interpuesto por un funcionario municipal perteneciente a la Municipalidad de Arica en contra de la entidad edilicia que lo destituyó por conductas inmorales y falta a la probidad administrativa.

El actor explica que el alcalde ordenó su destitución mediante decreto de diciembre del 2021, una vez finalizado el sumario administrativo seguido en su contra, por conductas inmorales y falta a la probidad. Por tal motivo, interpuso recurso de reposición el que fue rechazado por extemporáneo, decisión que fue dejada sin efecto por la Corte de Arica en sede proteccional, sin embargo, al fallarse la reposición se confirmó la resolución del Alcalde en junio del 2022.

Sostuvo que el acto que confirmó su destitución no se encuentran debidamente fundado y su desvinculación carece de antecedentes que permitan concluir la existencia de la infracción grave por la que se le sancionó (art. 123, inciso segundo, Ley 18.883), vulnerando de esta manera los principios de probidad y transparencia administrativa.