Justicia colombiana dictamina que entidades de salud deben garantizar insumos médicos para practicar cirugías

La Corte Constitucional de Colombia resolvió una acción de tutela en favor de un niño de 7 años diagnosticado con una deformidad en el brazo tras una fractura, a quien su médico tratante le ordenó una cirugía reconstructiva con fijación interna y materiales específicos. Pese a que las órdenes se emitieron en febrero de 2025, la empresa promotora de salud tardó cerca de siete meses en emitir la autorización administrativa, lo que derivó en la suspensión del procedimiento quirúrgico programado.

Durante el proceso se comprobó que el hospital a cargo de la operación no pudo fijar fecha porque carecía de las piezas de sujeción ósea requeridas. Uno de los distribuidores externos reportó que sus existencias no eran compatibles con la técnica operatoria fijada, mientras que otro proveedor sostuvo que nunca le llegó la solicitud formal de entrega. Frente a esta situación, la entidad no gestionó alternativas equivalentes ni acudió a otros proveedores.

La Corte determinó que la entidad vulneró las garantías fundamentales a la salud, la seguridad social y la dignidad humana del paciente. Los magistrados sostuvieron que los desacuerdos comerciales, deficiencias de inventario o disputas contractuales entre las aseguradoras y sus redes de abastecimiento no constituyen una justificación válida para demorar tratamientos, existiendo un deber riguroso de remover cualquier obstáculo de acceso a la medicina.

El fallo recordó que la normativa en salud asigna a estas entidades la responsabilidad directa del aseguramiento, lo cual abarca el suministro oportuno de tecnologías e insumos insustituibles financiados públicamente. Los jueces subrayaron que la protección médica infantil ostenta rango prevalente frente a trabas de gestión, y enfatizaron la vigencia de los principios de integralidad, continuidad ininterrumpida y celeridad sin dilaciones para toda la atención en salud.

El tribunal dictaminó que la aseguradora involucrada deberá autorizar y proveer de forma integral todos los servicios clínicos, valoraciones pendientes, exámenes diagnósticos y suministros quirúrgicos prescritos por los especialistas para corregir la deformidad del menor. Asimismo, dispuso que, en caso de no contar con el material adecuado dentro de sus convenios habituales, la institución deberá buscar de inmediato distribuidores externos que cuenten con las piezas indicadas.

Por último, el fallo ordenó remitir copias de todo el expediente a la autoridad de vigilancia y control sanitario del país, a fin de que evalúe la conducta omisiva de la entidad en el marco de su proceso de intervención administrativa forzosa. La medida disciplinaria y fiscalizadora busca indagar las faltas en la protección del paciente menor de edad, así como la renuencia de la empresa a responder los requerimientos judiciales.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-315-26.