Supremo español suspende cautelarmente el voto de nacionalizados por la “ley de nietos” ante fuerte aumento del censo

El tribunal señaló que la transparencia y objetividad del proceso electoral, junto con el principio de igualdad, constituyen elementos esenciales del sistema democrático y del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos.

Añadió que la controversia involucra cuestiones relevantes para el Estado de Derecho y para el derecho del pueblo español a decidir su futuro. En ese sentido, afirmó que la veracidad, objetividad y transparencia de los procesos de elección de representantes deben resguardarse durante todas sus etapas, desde la elaboración y actualización del censo electoral hasta la determinación del resultado y la elección de los representantes.

La decisión, sin embargo, contó con el voto particular en contra de una magistrada, quien cuestionó que las medidas cautelares priven a un número potencialmente elevado de ciudadanos de uno de los principales efectos asociados al reconocimiento de la nacionalidad española: el derecho al sufragio.

A juicio de la magistrada disidente, el hecho de que un determinado número de personas haya adquirido legalmente la nacionalidad española no constituye por sí mismo un riesgo cualificado que justifique la adopción de una medida cautelar de esa magnitud.

Sostuvo además que la eventual participación electoral de las personas cuya inclusión en el censo está siendo cuestionada tampoco representa, por sí sola, un perjuicio irreparable.

En su voto particular, la magistrada también discrepó de la ponderación realizada por la mayoría. Señaló que el interés general no sólo exige garantizar la regularidad y transparencia de las elecciones, sino también asegurar que quienes han adquirido la condición de españoles conforme a los procedimientos previstos por la ley puedan participar en los procesos electorales y ejercer los derechos inherentes a esa condición.

Por último, sostuvo que los recursos interpuestos por Iustitia Europa y Vox no se limitan a cuestionar determinadas inscripciones electorales, sino que apuntan al propio reconocimiento de la nacionalidad efectuado al amparo de la llamada “ley de nietos”.

Desde esa perspectiva, estimó que el verdadero objeto de los recursos es cuestionar la validez de ese reconocimiento de nacionalidad, materia que, a su juicio, excede el ámbito propio de la administración electoral.