El voto obligatorio: ¿fortalecimiento democrático o retroceso en libertades?

El anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la reactivación de multas por no sufragar ha vuelto a situar en el centro del debate constitucional la tensión entre la obligatoriedad del voto y la libertad política de los ciudadanos. Aunque la reforma constitucional de 2022 consagró expresamente el carácter obligatorio del sufragio, la incorporación de sanciones pecuniarias plantea interrogantes relevantes sobre el alcance de los derechos fundamentales, la proporcionalidad de las medidas y la concepción de democracia que estamos construyendo.

El voto obligatorio se justifica, en principio, como un mecanismo para reforzar la legitimidad del sistema político. Como postula Humberto Nogueira, el sufragio “constituye la forma primaria y esencial de ejercicio de la soberanía popular”¹. En esa lógica, el Estado estaría autorizado a imponer cargas que aseguren que la soberanía no quede reducida a la expresión de una minoría activa.

En efecto, la experiencia del voto voluntario en Chile entre 2012 y 2022 mostró tasas de abstención que superaron el 60 %, desgastando la representatividad democrática. De ahí que la reinstauración del voto obligatorio respondiera a un déficit real.