Diario Constitucional

Litigio marítimo Chile-Bolivia

Consecuencias de un fallo.

Deberemos examinar el objeto del juicio y analizar sus implicancias, una a una, en la Contramemoria chilena. Desmentir las afirmaciones históricas bolivianas, que la Corte acogió al no contar con las nuestras.

15 de octubre de 2015·5 min de lectura

La Corte se declaró competente para conocer la demanda de Bolivia, su consecuencia principal. El Juicio de fondo, suspendido por nuestra excepción preliminar prosigue. Deberemos responder con la Contramemoria, hasta el 25 de julio de 2016; más réplicas y alegatos orales. Luego la Corte sentenciará, sin plazo determinado; 3 a 5 años de pleito. Todo queda radicado en la Corte y no proceden acciones jurídicas o políticas paralelas, ni otros procedimientos de solución simultáneos. Cualquier iniciativa como dialogar, o negociar los 13 puntos que Bolivia unilateralmente abandonó, sería con exclusión precisa del tema marítimo ahora sometido al Tribunal. Si propone retomarlos, debería retirar su demanda.

Pero hay más consecuencias, sin pretender vaticinarlas, teniendo como base únicamente el fallo y sus razones. No acogió el tan reiterado artículo VI del Pacto de Bogotá de 1948 que permite acudir a la Corte, aunque exprese que “no podrá aplicarse” a asuntos “que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”; el principal argumento chileno. Decidió que “no corresponde al objeto del diferendo” dando la razón a Bolivia. Añadió que “no tenía necesidad de pronunciarse sobre la naturaleza jurídica del Tratado de 1904”, porque Bolivia demandó otra cosa. Y en consideración a que el artículo XXXI del Pacto dispone “la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le someten y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes”, sobre “la interpretación de un tratado” y “toda cuestión de derecho internacional”. Sin fecha alguna, ya que reproduce el artículo 36 del Estatuto. Es decir, si no existiera el Pacto de Soluciones Pacíficas, o no estuviera en vigor por denuncia -sólo efectiva a los 12 meses- igual regiría el Estatuto del que somos parte por ser Miembros de Naciones Unidas. Punto olvidado aunque decisivo, que hace irrelevante ser o no parte del Pacto, no sólo para esta controversia, sino también para futuras que no estén precisamente contenidas en sus excepciones. Como tanto se insiste por algunos, denunciarlo sería sólo una manifestación de molestia por el reciente fallo; con repercusiones para un país que siempre ha priorizado la solución pacífica de las controversias en su política exterior.

El fallo recuerda el artículo XXXIII del Pacto que expresa “si no hay acuerdo sobre su competencia en un litigio la propia Corte decidirá previamente sobre esta cuestión”. Así lo hizo. Además, si no comparecemos ante la Corte o nos abstenemos de defendernos, en señal de protesta, como también se ha sostenido, “la otra parte podrá pedir a la Corte que decida en su favor” (artículo 53 del Estatuto). Regalaríamos el juicio a Bolivia.

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