Defensa corporativa y control de los fiscales del Ministerio Público.

Principios elementales que rigen el actuar del Ministerio Público son los de Objetividad y Legalidad. Como señala la doctrina, los fiscales “están obligados a desarrollar una actividad orientada a la aplicación correcta de la ley penal, esto es, no pueden manipular su tarea de persecución o subordinarla a objetivos cuya realización suponga extender o reducir el ámbito de punibilidad previsto en la ley”. La objetividad no solo supone que el Ministerio Publico investigue aquellas líneas de investigación serias y plausibles planteadas por la defensa, supone también un deber de lealtad en su actuar para con esta y un deber de actuar de buena fe. La legalidad, complementaria a la objetividad, supone un actuar siempre conforme a la Constitución y las leyes, so pena de nulidad y responsabilidad administrativa. (Duce y Riego, Proceso Penal, 2007, p. 142-147).

El día de hoy, el presidente de la Asociación de Fiscales ha efectuado un comunicado público a través de su red social mediante el cual, reiterando características supuestamente generales del rol de los fiscales (alta capacidad profesional, espíritu de servicio, objetividad), cuestiona públicamente la presentación de una querella interpuesta en contra de fiscales, catalogando de falsas sus afirmaciones y reservándose acciones para intervenir en dicho proceso. La querella en cuestión, no obstante lo indicado por el presidente de la asociación gremial, fue admitida a trámite por un Juzgado de Garantía. En paralelo, conocemos por la prensa la suspensión de un Fiscal del Ministerio Público por haber interactuado con un testigo funcionario policial durante su declaración en juicio oral virtual. Asimismo, se ha conocido públicamente la denuncia administrativa planteada ante el Fiscal Nacional por un parlamentario investigado por el Ministerio Público, acusando falta de objetividad en la persecución seguida en su contra. También la prensa ha informado hace pocos días de la destitución de dos fiscales por parte del propio Ministerio Público a partir de un supuesto actuar aparentemente irregular.

Sin entrar en el fondo de dichos hechos, su efectividad o no, es un hecho que las y los fiscales del Ministerio Público son personas que desarrollan su labor sujetos a distintas limitaciones, institucionales y también, por qué no, personales. Están expuestos a diversas presiones, las que pueden resultar infundadas pero también las pueden haber serias y legítimas. Existen en la práctica muchos fiscales proactivos y comprometidos, pero también los hay desprolijos, poco objetivos o más preocupados del término del caso que de la resolución del conflicto o sus efectos en los intervinientes.