Derecho a la educación: avanzar en protección sin judicialización.

En plena discusión sobre el mecanismo para abordar una nueva Constitución y teniendo entre las bases el compromiso de avanzar hacia un Estado social de derechos cuya finalidad es promover el bien común[1], conviene tener una reflexión honesta acerca de cómo avanzar en la protección del derecho a la educación y los demás derechos sociales sin que ello se traduzca simplemente en hacerlos objeto del recurso de protección.

El hecho de que la Constitución vigente no contemple para los derechos sociales una acción constitucional de tutela ha levantado por muchos años la crítica de parte importante de la doctrina, declarando que la diferencia en protección respecto de las libertades clásicas implicaría concebir los derechos sociales como una especie de segunda categoría[2].

Sin duda tanto los derechos sociales como las libertades clásicas emanan de la dignidad de la persona, y en este sentido no es admisible creer que existen derechos de primera o segunda categoría. No obstante, la complejidad de la sociedad actual y sobre todo la necesidad de planificación por parte del Estado moderno para estructurarla con miras a cumplir objetivos de mayor progreso material y así evitar las crisis[3], exige preguntarnos si es la acción de tutela el instrumento más adecuado para la consecución de estos fines.