La intervención estatal en economía se expresa entre otras cosas, en las llamadas políticas económicas, que son las medidas tendientes a alcanzar ciertos objetivos de corto y largo plazo.

En ese sentido el Ejecutivo -y también el Legislativo-, por su transitoriedad e idiosincrasia, tiende a buscar objetivos de corto plazo en sus políticas fiscales, en especial en lo relativo al gasto público, para asegurar la continuidad del sector en la próxima elección. Basta analizar la pobreza del debate actual en año electoral, para concluir que los incumbes políticos, solo persiguen objetivos cortoplacistas, centrados en intereses personales, pero con una miope mirada de Estado.

En contraste, el Banco Central, que es nuestra autoridad monetaria, es una de nuestras instituciones -de las pocas- destacadas en cuanto al criterio técnico de su integración (mejorable por cierto), a la responsabilidad en su toma de decisiones, que redunda en una proyección de largo plazo de su política monetaria.

Estamos hablando de una institución centenaria, parte importante de nuestra tradición republicana (desde Alessandri Palma en la Constitución de 1925). Su rango constitucional es histórico y debe mantenerse.

Su función es conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios monetarios, manteniendo una inflación baja y estable, es decir, que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo, no se devalúe.

Hoy, la política monetaria ha sujetado a sus objetivos a la política fiscal, toda vez que el Fisco ha debido acotar su gasto dentro de los márgenes de liquidez definidos por el Banco Central. Ha logrado someter al Ejecutivo -e indirectamente al Legislativo- a un criterio técnico, no populista, lo cual es destacable y debemos reconocerlo.

Hasta hace algunas décadas, el objetivo final de la política monetaria estaba compuesto por lo que los economistas denominan “cuadrado mágico”, esto es, crecimiento, pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio externo (balanza de pagos). Es decir, objetivos que excedían las competencias de una autoridad cuyo norte debe ser el manejo monetario, siendo metas mas bien de corte político – fiscal.

Actualmente, el norte de la política monetaria y poco discutido con fundamento técnico, es exclusivamente el mantener estable el valor del dinero (en ese sentido lo declara su Ley Orgánica Constitucional Nº18.840).

No obstante, al cumplir este objetivo de largo plazo, se allana el camino a demás, por cuanto la estabilidad de los precios crea un ambiente idóneo que incentiva el ahorro, la inversión y el consumo, componentes esenciales para el desarrollo económico.

En dicha línea, la nueva Constitución tendrá desafíos en lo menos tres puntos: en primer término la delimitación de funciones como ya anticipábamos, su función debe ser específica y no demasiado amplia, exclusivamente, el mantener estable el valor del dinero; en segundo lugar, debemos reforzar la autonomía del BC, puesto que la autonomía permite sustraer el actuar de esta institución del debate político fundado en intereses personales-partidistas; y, debemos reforzar la prohibición de financiamiento de gasto publico, vía crédito indirecto.

Esta ultima regla, ha sido la responsable -mas aún que la autonomía- del éxito de esta institución, cuantificable en una inflación absolutamente controlada en los últimos treinta años.

Esta prohibición hasta el año pasado era absoluta. Mediante reforma constitucional fue levantada para que el Estado pudiera hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia y al retiro del 10% de los fondos previsionales, pero solo de forma “excepcional”, respecto de la compra de títulos del tesoro público.

En suma, nuestro país cuenta con un Banco Central destacado a nivel mundial, con una inflación controlada en dos dígitos desde el año 90´, es decir, con su objetivo cumplido a cabalidad. Mantengamos lo que funciona y mejoremos lo que no. (Santiago, 13 abril 2021)