Los abogados hemos sido tradicionalmente formados para ser expertos en derecho, saber razonar jurídicamente, ser buenos litigantes, poder desempeñarnos como jueces y prestar adecuada asesoría jurídica a los clientes, en su caso.
A su vez, las personas y grupos sociales, cuando enfrentan un conflicto, problema o necesidad, tienden a pensar que una nueva ley resolverá dicho problema, o bien, si ya existe ley, o se trata de una persona individual, no organizada, que el conflicto debe ser resuelto en tribunales pues generalmente tienen argumentos que los hacen creer que el derecho los acompaña y que el juez les dará la razón.
Lamentablemente, en el primer caso, rara vez se piensa que ley dictada no es lo mismo que ley implementada, y que ésta no necesariamente resolverá los problemas a los que va dirigida si no va acompañada de recursos y de una buena implementación. En el segundo caso, rara vez nos ponemos en el lugar de la otra parte, ni vemos que también posee sólidos argumentos que pueden conducir a que el juez falle en su favor. Las partes se embarcan en largos y costosos juicios, y siempre, el 50% de ellos finaliza con un fallo adverso o queda descontento con el resultado final (es lo que en el lenguaje de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos –MASC- se suele llamar “resultados de ganador-perdedor”, por oposición a los resultados “ganador-ganador” que posibilitan los MASC).
La excesiva tendencia a judicializar los conflictos, que ha llevado a la sobrecarga de tribunales, y a que la decisión judicial no necesariamente resuelva el conflicto de fondo entre las partes, es una de las razones que ha esgrimido el Ministro de la Corte Suprema, Sr. Sergio Muñoz, en una entrevista dada recientemente en El Mercurio, para abogar por la necesidad de realizar una reforma profunda a la justicia de nuestro país, a fin de implementar los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), tales como la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, como una instancia previa a la judicialización.
Muchos países han implementado los MASC de manera mucho más extendida que Chile, embarcándose en una política pública seria al respecto. Los MASC, comentaba una abogada en un seminario, “han llegado para quedarse”, y los abogados, y las Escuelas de Derecho debemos estar a la altura del desafío que ello implica. Debemos formar a nuestros futuros profesionales de manera que puedan comprender el conflicto desde sus múltiples dimensiones y aristas (no sólo la jurídica-judicial), que posean habilidades negociadoras, conciliadoras y mediadoras, y que comprendan las ventajas y desventajas de estos mecanismos.
En España, existen ya varios estudios jurídicos en los que se entrega al cliente el servicio de mediación junto al de asesoría jurídica y litigación y, en Chile, existen algunos pocos que se han colocado a la vanguardia en este ámbito. Hace algunos días, la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián instituyó el premio Mahatma Gandhi para quienes se constituyan en un referente en la Solución Amigable de Conflictos, confiriéndoselo en esta ocasión a la destacada académica, y actualmente Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Sra. Elena Highton de Nolasco. Estos gestos simbólicos van pavimentando un cambio cultural en nuestra sociedad, el que debe ir aparejado de sólidas políticas públicas sobre la materia. (Santiago, 2 octubre 2017)