La imagen propia es un dato personal.

Son datos personales o nominativos, en general, aquellos que identifican o hacen identificable a una persona, y ellos resultan de un ciclo de procesamiento o de “tratamiento”, sea por una empresa en el sector privado, sea por un servicio público. Lo esencial es que exista una causal de legitimación para ello, y si no hay ley expresa en Chile, debe operar un consentimiento obtenido con autorización previa, escrita, expresa e informada y con una finalidad determinada. También es relevante que el tratamiento se haga con confidencialidad y seguridad.

Estos datos personales son desde el año 2018 en Chile un Derecho Fundamental, autónomo y en principio diverso de la Vida Privada. Y claro, datos sensibles o personalísimos como los de salud, el credo religioso o la opción sexual jurídicamente resultan cubiertos por una esfera de privacidad, salvo que su titular rompa esa esfera privada o poseedora de una expectativa de privacidad.

En un contexto como el actual, donde el desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por sonidos e imágenes es rápido, vertiginoso y cada vez más simple si se usan dispositivos móviles, se necesita un blindaje jurídico idóneo a los «tratamientos» que afectan a dichos datos. A modo de ejemplo concreto, no es difícil visualizar que si la captación de una imagen en la Vía Pública se realiza respecto de una persona entrando a tal o cual iglesia, porque la persona ha optado por exponer esta conducta en un espacio público y susceptible de ser atisbado y por ende será un dato personal «hecho manifiestamente público», ello podría revelar su ideología o creencia religiosa o, en su defecto, atribuirle una que no poseía.