Renato Jijena Leiva

Aunque la protección de datos personales está reconocida como un derecho fundamental autónomo, la jurisprudencia todavía suele tutelarla indirectamente a través de garantías como la vida privada, la honra o la propiedad. El autor plantea que el recurso de protección debe avanzar hacia una defensa directa de este derecho frente al tratamiento ilegal o arbitrario de información personal.

El debate sobre el Boletín N°18.286 reabre cuestionamientos acerca de la obligatoriedad de incorporar servicios de marca o sellado de tiempo en los documentos públicos electrónicos. El autor advierte que la medida podría encarecer de manera significativa la gestión documental del Estado sin que exista, a su juicio, evidencia empírica suficiente que justifique su necesidad, y plantea además reparos jurídicos sobre interoperabilidad, firma electrónica y notificaciones digitales desarrolladas en el proceso de transformación digital estatal.

El autor analiza el proyecto de reforma a la Ley N.° 19.799 sobre documentos y firma electrónica, cuestionando la obligación de incorporar sellado de tiempo en instrumentos públicos electrónicos y advirtiendo sobre los riesgos de reemplazar la autorización notarial por mecanismos tecnológicos basados únicamente en firma electrónica avanzada.

La irrupción de sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar y explotar vulnerabilidades informáticas reabre el debate sobre los límites legales de estas tecnologías. Mientras la IA se consolida como una herramienta clave para fortalecer la ciberseguridad, expertos advierten sobre los riesgos derivados de su uso malicioso y la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen un desarrollo responsable, especialmente en aplicaciones de alto riesgo.

El Autor analiza los alcances jurídicos del uso de inteligencia artificial en la actividad administrativa, tomando como referencia el caso español del sistema BOSCO. A partir de este precedente, reflexiona sobre la transparencia algorítmica, el derecho de acceso a la información pública y los límites entre propiedad intelectual, seguridad y control ciudadano en decisiones automatizadas del Estado.

La consagración constitucional de la protección de datos personales en 2018 marcó un avance relevante, pero dejó un vacío esencial: la ausencia de una acción constitucional de habeas data que permita a los titulares controlar efectivamente el tratamiento de su información. Hoy, la discusión sobre identidad digital y autodeterminación informativa reabre el debate sobre la necesidad de dotar a estos derechos de un mecanismo procesal propio, directo y eficaz ante los tribunales.

El debate sobre la identidad digital en el sector público revela profundas falencias jurídicas en el uso de firmas electrónicas avanzadas y del sistema de Clave Única, cuya implementación —a través de normas administrativas, reglamentos y resoluciones exentas sin habilitación legal expresa— vulnera principios esenciales del Derecho Público como la reserva de legalidad, afectando la validez de los actos administrativos y generando graves riesgos de ciberseguridad institucional. La falta de regulación adecuada, sumada a intentos de crear nuevas competencias y mecanismos de autenticación sin ley,

El análisis aborda los desafíos que plantea el uso de inteligencia artificial en el tratamiento de datos personales, tanto desde la aplicación de los principios de protección de datos como desde las tensiones regulatorias actuales. Se revisan los riesgos asociados a sesgos, consentimiento, anonimización y evaluaciones de impacto, además de los efectos de tecnologías como los deepfakes y los sistemas biométricos. Asimismo, se advierte sobre propuestas regulatorias que podrían ser erradas, destacando la necesidad de comprender que la Ley N° 19.628 y el Habeas Data ya ofrecen herramientas suficie

El sistema de Clave Única (CU) en Chile, promovido como una herramienta de identidad digital masiva, enfrenta críticas por su débil marco legal y falencias de seguridad. Su expansión al uso privado y la gestión por distintos ministerios sin base legal expresa generan riesgos jurídicos y técnicos. Expertos señalan que la falta de verificación multifactor y la delegación de responsabilidades podrían comprometer los datos personales de millones de usuarios. La situación evidencia la necesidad urgente de reingeniería del sistema y adecuación normativa. Chile encara así un debate sobre derechos dig

La implementación del sistema de Domicilios Digitales Únicos (DDU), según el artículo 46 de la Ley N° 19.880, ha sido distorsionada por una gestión administrativa que vulnera el principio constitucional de legalidad, al trasladar competencias exclusivas del Registro Civil al Ministerio de Hacienda sin fundamento legal expreso, generando inseguridad jurídica, tratamiento ilegítimo de datos personales y notificaciones electrónicas potencialmente nulas.

El uso de tecnologías de autenticación biométrica en el transporte aéreo plantea importantes interrogantes sobre la proporcionalidad, la legitimidad y la protección de los datos personales sensibles. La nueva Ley N° 21.734, que habilita a la PDI para usar biometría en vuelos nacionales en Chile, reabre el debate sobre los límites del uso estatal y privado de estas herramientas frente a los derechos fundamentales de las personas.

A más de seis años de las reformas a la Ley N° 19.880, la implementación de plataformas electrónicas en el Estado sigue mostrando vacíos jurídicos, debilidad institucional y una preocupante desconexión con el principio de legalidad del Derecho Público. La plataforma docdigital no escapa a este diagnóstico: sin base legal ni marco reglamentario válido, su operación plantea serios cuestionamientos sobre su legitimidad y eficacia.

El desarrollo legislativo en torno a la inteligencia artificial en Chile ha tomado fuerza con dos proyectos de ley recientemente fusionados, que buscan establecer un marco regulatorio robusto y alineado con estándares internacionales. Este análisis examina sus principales avances, vacíos críticos y las controversias en torno a la institucionalidad encargada de su fiscalización, con especial foco en la protección de datos personales y la ciberseguridad.

La nueva Ley N° 19.628, lejos de consagrar el principio de responsabilidad proactiva en la protección de datos personales, reproduce un modelo insuficiente que prioriza el uso económico del dato por sobre el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, representando una oportunidad perdida frente a los estándares internacionales.

El concepto de Privacy by Design (Privacidad desde el Diseño) hace referencia a la implementación de medidas de protección de datos personales desde las primeras fases del diseño de sistemas y servicios. Este principio, clave en el RGPD europeo, promueve la integración de medidas técnicas y organizativas preventivas para garantizar la privacidad de los usuarios, sin necesidad de acciones adicionales por parte de estos. La ley exige que la protección de datos esté incorporada de manera proactiva en todos los procesos, desde el diseño inicial hasta la operación final, asegurando su confidenciali

La premisa para el análisis que se está haciendo de la Ley N° 19.880 y del PAE obligatorio que se construyó normativamente el año 2019 para Chile, ahora en su tercera parte, es la de evidenciar fundadamente, en base a casos concretos y antes de que efectivamente se tramite algún procedimiento administrativo, la ilegal y errada técnica de diseño y de blindaje jurídico que se ha usado.

A veces el tratar datos personales para desempeñar funciones relacionadas con una actividad empresarial, puede que no esté necesariamente justificado por una obligación legal o que no sea para ejecutar las condiciones de un contrato previo con una persona, sino por la concurrencia de un interés legítimo.

Cualquier titular podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva si cree que es objeto de actos u omisiones de los RDP que signifiquen o que le hagan sufrir la privación, la perturbación o la amenaza en el legítimo ejercicio del derecho a la protección de datos personales, por ejemplo, si se le sanciona basándose en un perfil automatizado que adolece de errores.

A la fecha los eventos promocionales o académicos que se conocen eluden expresamente hacer análisis críticos, presentando un cuadro teórico de modernización y optando por aplaudir las supuestas bondades regulatorias de la ley modificadora N° 21.180, porque la transformación digital del Estado se cree que se habría regulado a cabalidad . Relevar las ilegalidades es necesario, para intentar subsanar los errores jurídicos y de implementación antes de su puesta en producción o aplicación concreta.

El deber del análisis jurídico es determinar los reales contenidos y alcances de la actual Ley N° 19.880 y sus normas relacionadas. ¿Qué se modificó; cómo se hizo; a qué están obligados legalmente los servicios públicos u órganos de la Administración; que se encomendó en concreto reglamentar en forma subordinada y de ejecución; si se asignaron o no facultades normativas derivadas para generar subreglamentos y por esta vía omitir exigencias de rango legal propias del Derecho Público; qué específicas nuevas competencias y funciones públicas generó?; etc.