La legítima defensa como eximiente de responsabilidad penal en casos de violencia de género en Chile.

Según el artículo 1° del Código Penal chileno, es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, precisándose que éstas se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario, y que el que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. Así las cosas, a quien incurra voluntariamente en una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, se le aplicará la sanción que el ordenamiento jurídico contemple, toda vez que el legislador ha estimado previamente que tal comportamiento se considera reprochable por lesionar un bien jurídico que merece protección o por atentar en contra de la sociedad en su conjunto.

Puesto que la normativa penal sólo establece las pautas para fijar las penas a cada delito que se comete, para efectos de su determinación en el caso concreto, la magistratura debe apreciar la concurrencia de circunstancias que pudiesen modificar la responsabilidad criminal. De este modo, al momento de dictar sentencia, el/la juez/a no sólo debe verificar si se configura la conducta tipificada, sino que también debe tener en consideración aquellos elementos que hacen que la persona condenada vea una variación en su pena, ya sea aumentándola, disminuyéndola, o bien exonerándola de la sanción correspondiente, aun cuando el hecho constitutivo de delito se encuentre debidamente acreditado en el proceso. Es así como, para la resolución de aquellos conflictos sociales que el órgano legislativo estima de mayor relevancia, se regulan aquellas circunstancias que se consideran, atenuantes, agravantes y eximentes de responsabilidad penal, encontrándose taxativamente enumeradas en el caso de Chile [1].

En cuanto a las eximentes de responsabilidad criminal -esto es, respecto de aquellos supuestos en que el/la individuo/a comete un ilícito con afectación de su capacidad, viendo alterada su percepción de la realidad, o bien, cuando su conducta se torna necesaria a pesar de configurar una infracción-, cabe destacar la legítima defensa, la cual constituye una causal de justificación que faculta a los/las magistrados/as para eximir de responsabilidad penal a quienes actúen bajo su amparo. En efecto, el artículo 10 del Código Penal en Chile establece: