Arbitrariedad en la legislación
La motivación de la ley
El autor releva la importancia de la motivación de la ley como manifestación del principio de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos; admitiendo, asimismo, su control por parte del Tribunal Constitucional a través del requerimiento de inaplicabilidad y, en su caso, de la acción de inconstitucionalidad.
En relación al Administrador, no hay duda que las decisiones que éste adopte, en ejercicio de sus potestades público-administrativas, deben ser contenidas en actos administrativos, mismos que han de ser motivados (y en especial, si tienen el carácter de desfavorables)[i]. Pero, ¿qué pasa con el Legislador?, ¿debe la ley ser motivada?
La teoría clásica sobre la ley, que la entiende como manifestación de la voluntad soberana[ii], parece excluirla de tal exigencia. Pero lo cierto es que dicha teoría está hoy superada, pues, entre otras razones, la Constitución en vigor la entiende sólo como una norma general que establece las bases esenciales de un ordenamiento jurídico[iii].
Pues bien, en este nuevo escenario, es admisible al menos discutir sobre la motivación de la ley[iv].
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