Desafíos prácticos del registro de asistencia biométrico en el sector público bajo la Ley N° 21.719 y el Oficio 123145/2025 de la Contraloría General de la República

Hace unos días, se me compartió un interesante artículo del profesor Carlos Reusser Monsálvez, quien con alta precisión técnica plantea una interesante problemática que atañe a los controles de asistencia de trabajadores del sector público y privado que se valen de datos biométricos para validar la asistencia y cumplimiento efectivo de la jornada laboral, sistemas que, con la entrada en vigencia de la Ley N°21.719 pudieran ser objeto de cuestionamiento.

Particularmente, la digitalización y modernización de los procedimientos administrativos en la gestión pública ha avanzado con fuerza en los últimos años, impulsada principalmente por la necesidad de dotar de mayor eficacia y transparencia las labores del Estado. No obstante, la promulgación de la Ley N° 21.719 —cuerpo normativo que entra en vigencia el 01 de diciembre de 2026—establece nuevos y más rigurosos estándares en el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

Paralelo a ello, recientemente la Contraloría General de la República ha emitido su Oficio N° 123145/2025 que instruye la implantación de sistemas automatizados y biométricos para el control de asistencia de los órganos públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, a partir de lo cual pudiera decantarse en el mediano plazo, un escenario de interpretaciones potencialmente contradictorias que exijan un análisis exhaustivo.