Dejando de lado el caso de la legítima defensa -hipótesis frente a la cual todos debiésemos estar de acuerdo-, la violencia es sancionada y proscrita por nuestro ordenamiento jurídico. Y me atrevería a decir que es una de las constantes en la sociedad liberal occidental: el monopolio del uso de la fuerza le corresponde al Estado. Y está bien que así sea. Es quizá, la única función inherente al Estado: evitar que unos ejerzan violencia en contra de otros. Y violencia en todo sentido, físico y moral. Violencia física, al evitar los daños en la persona y propiedad de los ciudadanos, y violencia moral, al evitar que algunos ciudadanos se aprovechen de la ignorancia o necesidad  de otros de manera abusiva. Regulación y transparencia, para que la sociedad y el mercado funcionen adecuadamente. ¿Por qué evitamos la violencia? Básicamente porque atenta contra la naturaleza racional del hombre, inserto en sociedad. Quien no tiene argumentos recurre a la violencia, y quien no tiene argumentos no tiene la razón. La violencia privada es una manifestación volitiva carente de racionalidad.
¿Funciona así el Chile de hoy? Más o menos. La violencia privada se encuentra, al menos a nivel de principios, prohibida en nuestro país. Y digo más o menos, ya que basta ver las noticias para notar cómo la violencia se instala cada vez con más fuerza y desenvoltura en la vida cotidiana de los chilenos. Cual política de Estado, la violencia se ha asentado en los jardines de la República, haciendo de estos su lugar de paseo y esparcimiento. ¿Dónde está el origen de este mal que nos aqueja? En el Estado. Lamentablemente nuestra organización política última se ha distraído de los temas que realmente le competen, y ha dejado de lado el resguardo del bien más precioso que los ciudadanos pudimos haberle entregado: el uso de la fuerza, la Fuerza Pública. Y se ha dormido en varios flancos. No solo ha descuidado dicha prerrogativa, que hoy se encuentra seriamente cuestionada: tenemos Fuerzas Policiales que ven limitado su poder de acción contra delitos flagrantes; tenemos parcelas de autonomía local –ciertas universidades- que cual embajadas pretenden un trato preferente de la legislación general, entre otros casos. Detengámonos un poco en este interesante punto.
Recurrentemente los Rectores de las Universidades Públicas, Estatales, Regionales o las mal llamadas “tradicionales”, se refieren a la impunidad que “tradicionalmente” –parafraseando al Rector Víctor Pérez-  les correspondería como recintos de educación superior. En otras palabras, pretenden que la policía no ingrese a los planteles pese a que algunos individuos que han cometido delitos flagrantes se han refugiado en sus dependencias, o bien abiertamente delinquen desde ellas arrojando de todo a la policía que se ubica en las afueras del recinto. ¿Por qué? Si yo como ciudadano alegase la sacralidad de mi hogar para no ser aprehendido por las Fuerzas Policiales, sin duda pensarían que estoy fuera de mis casillas. ¿Por qué en las universidades debe ser distinto? Hay una explicación histórica: en las universidades medievales, a las que recurrían estudiantes de toda Europa, se les otorgaban privilegios –inmunidades- a las agrupaciones de estudiantes para que resolviesen internamente sus diferencias. A partir de ello se ha construido esta pretensión actual, de eximirse del cumplimiento de la Ley. Pero hay una gran diferencia entre las universidades medievales y las modernas: aquellas se insertaban en una sociedad de privilegios, donde la igualdad ante la Ley no era una premisa, y en donde la Justicia y el Derecho se aplicaban de manera distinta a personas distintas. Hoy no. Hoy la Ley es igual para todos, ciudadanos individuales o corporaciones, incluyendo al Estado. ¿Se justifica entonces esta impunidad “tradicional” en las Universidades Chilenas? Ciertamente no. La Ley se debe cumplir por todos, hacer cumplir para todos, y en todo lugar. De lo contrario, podríamos restaurar la tradicional petición de asilo en las iglesias.
El segundo flanco que el Estado ha descuidado en torno al uso de la violencia, es la violencia privada. Es cierto que el Estado ha dado señales aprobando la violencia de esta naturaleza en algunos campos –me refiero a la huelga de los trabajadores privados o a las ilegales movilizaciones de funcionarios públicos-, y por lo mismo la ciudadanía podría confundirse sobre los límites tolerables. Es natural que así sea. ¿Pero es justo para los ciudadanos que vivimos en paz ver vulnerado nuestro modo de vida? Ciertamente no. Veamos el ejemplo más palpable: las movilizaciones y tomas estudiantiles. Los estudiantes han desnaturalizado su función principal –estudiar- y han tomado un camino distinto: la violencia como medio alternativo a la consecución de fines muy diversos a la educación. De este modo, mediante movilizaciones, paros y tomas, los estudiantes pretenden imponer por la fuerza sus convicciones. Esta violencia ejercida, tiene una serie de consecuencias, en las cuales nadie parece reparar: las universidades ven alterado su funcionamiento académico ordinario, y con ello el funcionamiento administrativo ordinario: flujos, pagos y costos. Los profesores no podemos ingresar a las bibliotecas, no podemos realizar nuestros proyectos de investigación, y la universidad no crece como centro del conocimiento libre. Paradójicamente, quienes defienden la educación pública y gratuita le han hecho un gran favor a las universidades privadas estos últimos años.
En fin, mencionar las externalidades extra universitarias que se producen con las movilizaciones daría para llenar cientos de páginas de tinta. Es por ello que planteo la siguiente pregunta ¿Es lícito el uso de la violencia privada en algunos casos o debe ser siempre sancionada?