Ley antiterrorista: un discurso autoritario innecesario.

Determinar qué hecho o suceso marcó el punto de inflexión en la discusión en torno al terrorismo chileno del siglo XXI, es un tanto difícil cuando no se es historiador, y más aún cuando ni estos mismos concilian sobre lo mismo.

En tal sentido, no resulta fantasioso sostener que los distintos movimientos sociales de los últimos 10 años, y sus efectos en el “Estado moderno” chileno, han sido el factor determinante en esta nueva lucha contra un enemigo, que según nuestra historia, resulta evidentemente ficticio. Hacernos creer, desde los poderes fácticos, que los mapuches, los encapuchados y los anarquistas, son potenciales terroristas, es subestimar el intelecto nacional.

Los actos que tanto el ejecutivo, como los grupos económicos dominantes, han intentado catalogar de terroristas, son significativamente actos políticos, que escapan al derecho penal. Se tratan de hechos que suelen suscitarse en determinadas zonas de nuestro país, caracterizadas por problemas históricos (conflicto mapuche) o consecuencias del modelo económico del Estado (anarquistas), que sin lugar a dudas son solucionables por medio de políticas públicas, y no por medio del punitivismo penal.