La libertad de expresión y el derecho a la información como tal, con sus facultades de buscar, recibir y difundir información, constituyen un derecho fundamental que reviste una doble dimensión, la individual, que apunta a la realización personal y formación de cada individuo, sustentando su espacio de autonomía, y la social, que considera su rol eje dentro de una sociedad democrática sana y transparente.

En el escenario actual, el uso de las tecnologías y los nuevos entornos digitales suponen como características esenciales la inmediatez, masividad y viralización de las informaciones, muchas veces falsas o alejadas de la realidad, lo que nos obliga a procurar fortalecer los niveles de protección para resguardar el derecho a recibir información veraz en los contextos digitales.

A este respecto, interesa destacar la iniciativa española adoptada en julio de 2021, de crear una Carta de Derechos Digitales, entre los que se contempla, justamente, el derecho a recibir libremente información veraz y que promueve en los prestadores de servicios intermediarios -a través de los cuales se ejerza la libertad de expresión e información- la creación y aplicación de protocolos adecuados que garanticen a los usuarios su derecho a recibir información veraz. Procurando así, que dichos protocolos aseguren la transparencia de las informaciones y opiniones, dando a conocer para ello: a) si han sido elaboradas sin intervención humana mediante procesos automatizados (bots); b) si han sido clasificadas o priorizadas por el proveedor mediante técnicas de perfilado o equivalentes; y c) si tienen carácter de publicitar o hubieran sido patrocinadas por un tercero.

En la escena internacional, la preocupación por la viralización de información falsa se viene manifestando desde hace algún tiempo a través del Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y del Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con las declaraciones conjuntas sobre Libertad de Expresión y “Noticias Falsas” (“Fake News”), Desinformación y Propaganda pronunciada en 2017, sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la Era Digital en 2018 y los Desafíos para la Libertad de Expresión en la próxima década manifestada en 2019.

Asimismo, la Comisión Europea también ha establecido medidas concretas para enfrentar la desinformación y campañas de posverdad, canalizadas a través de un Plan de Acción contra la Desinformación en 2018, además del Plan de Acción para la Democracia Europea que fue sometido a consulta pública en 2020 y cuya aplicación será revisada en 2023.

A este respecto, un caso reciente es la denuncia efectuada por 83 organizaciones dedicadas a la verificación de datos en 40 países, las que solicitaron directamente a la Directora Ejecutiva de la plataforma YouTube la implementación de medidas más eficientes para el control de la creciente desinformación que se está generando a través de distintos videos disponibles en dicha plataforma, buscando mayores niveles de transparencia respecto a las políticas de verificación y no limitándose a la simple eliminación de contenidos.

En nuestro país, las informaciones falsas se han incrementado durante el año recién pasado, particularmente respecto de temáticas relativas a la pandemia del Covid-19 y los efectos de la vacunación, así como en relación con los procesos electorales, lo que aconseja adoptar mecanismos que permitan establecer una mayor regulación y la implementación de buenas prácticas para la protección del derecho a la información, tanto en lo que implica a la libertad de buscar, recibir y difundir información veraz. (Santiago, 21 enero 22)