Nuevamente sobre la irretroactividad de la ley en la libertad condicional.

La libertad condicional es un beneficio penitenciario regulado en el Decreto Ley N°321, reformado el 18 de enero de 2019 por la Ley N°21.124 que, desde su entrada en vigor, generó graves dificultades en cuanto a la aplicación temporal de nuevos requisitos para postular y conceder la libertad condicional, provocando la exclusión de un gran número de personas condenadas ya que incorporó nuevos y más exigentes requisitos. Así, por ejemplo, el nuevo estatuto jurídico exige un número superior de bimestres de calificación de la conducta con nota ‘Muy Buena’ para cumplir el requisito de la conducta intachable para postular a la libertad condicional.

La propia enmienda legal incorporó el art. 9 al Decreto Ley N° 321 que dispone que al momento de la postulación se debe aplicar el nuevo régimen jurídico. A pesar de la evidente inconstitucionalidad de la norma, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha asentado el mismo criterio, es decir, los nuevos requisitos deben aplicarse a todas las personas privadas de libertad, incluyendo aquellas que han sido condenadas por delitos cometidos con anterioridad a la dictación de la mencionada Ley N°21.124.

La Segunda Sala de la Corte Suprema (mayoritariamente) ha rechazado los recursos de apelaciones presentados en acciones de amparo derivadas de esta controversia por entender que el tenor de esta discusión resulta ajeno a los supuestos y fines de la acción constitucional de amparo.[1] Sin embargo, esta postura judicial no está zanjada. Los ministros señores Leopoldo Llanos y Haroldo Brito son del parecer que la aplicación retroactiva del nuevo estatuto sí constituye una ilegalidad y arbitrariedad que perturba el derecho a la libertad personal y seguridad individual.[2]