Precisiones internacionales a considerar en una nueva Constitución

Al aprobarse redactar una nueva Constitución Política, surgirán innumerables temas a ser discutidos e incorporados en ella. Diario Constitucional será una destacada tribuna de aporte analítico al respecto. Aprovechando su gentileza, deseo referirme de manera aproximativa sólo a algunos relacionados con el Derecho Internacional, entre tantos posibles, por haberse contemplado en reformas recientes, tener variadas interpretaciones o largas discusiones académicas que la práctica no ha logrado clarificar. Y además, porque el Derecho Internacional evoluciona en todos sus campos, con la consecuente fragmentación y decodificación, sin olvidar los constantes cambios en las relaciones políticas e internacionales entre países.

Son materias no siempre consideradas trascendentes para la ciudadanía, como la mayoría de las internacionales, aunque sean importantes. Entre ellas, la relación jurídica entre los tratados y nuestro ordenamiento interno. Discutida por años y con fundados argumentos, la Constitución de 1980 (Art.54), estableció como atribución del Congreso: “1. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación”. Y la reforma constitucional de la Ley 20.050 de 2005, agregó: “La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda al artículo 66 (según sus categorías) y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley”. Significa que no son equivalentes, tratado y ley, aunque se tramiten “en lo pertinente” casi de la misma manera.

El Congreso ejerce su potestad legislativa sólo aprobando o rechazando el tratado, sin proceder un tercer trámite legislativo, comisiones mixtas, la insistencia presidencial, ni indicaciones. El Presidente informará al Congreso sobre el “contenido y alcance del tratado, así como las reservas que pretenda confirmar o formularle”, y que el Congreso sólo podrá “sugerir” como tales o declaraciones interpretativas, “siempre que procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional”.