Problemáticas actuales respecto a la liquidación de aquellos contratos de obra pública en salud sometidos al trámite de toma de razón

En la actualidad, existen una serie de problemáticas en las que se han visto enfrentados tanto los mandantes de proyectos de infraestructura en salud (en el caso en particular, nos referiremos a los Servicios de Salud) y las empresas constructoras (contratistas de la obra) durante la ejecución de este tipo de contratos, los cuales han sido regidos principalmente por las Resoluciones Afectas N° 134 de 2014, y N° 160 de 2016, ambas de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud[1].

En cuanto a estas vicisitudes, destaca el creciente número de casos de empresas constructoras que han debido paralizar la ejecución de las obras, y que por problemas financieros han debido incluso acogerse a alguno de los procedimientos que establece la Ley 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, lo que ha provocado que los Servicios de Salud se hayan visto obligados a iniciar procedimientos de término anticipado de contratos (TAC) de forma unilateral[2], debido a la serie de incumplimientos acaecidos durante la ejecución de la obra por parte de las empresas constructoras.

Ahora bien, en lo que respecta al procedimiento de TAC, si bien éste se encuentra regulado tanto en los artículos 177, 178 y 184 a 188 del D.S N° 75 de 2004, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obra Pública, como en las Bases Administrativas Tipo que rigen estos contratos, han surgido una serie de dificultades en lo que respecta a la liquidación de éstos, tema sobre el cual nuestra legislación y la Jurisprudencia Administrativa de la propia Contraloría General de la República (CGR), no han sido del todo claras.