Recurso de protección y desalojos de inmuebles privados ocupados ilegalmente: un reflejo de algunos problemas de la tutela jurisdiccional de derechos fundamentales en Chile.

La ocupación ilegal de inmuebles privados es un fenómeno que viene incrementándose en los últimos años y que pone de manifiesto la insuficiente respuesta estatal frente a los problemas de acceso a la vivienda. La judicialización de tales conflictos, a través del recurso de protección, ha subrayado dos rasgos sobradamente conocidos en la praxis de dicha vía procesal: por un lado, su utilización (desmedida, en algunos casos) en materias de derecho ordinario que bien podrían resolverse por otras vías distintas a este proceso constitucional y, por otro, la variabilidad (y con ello, la imprevisibilidad) en la respuesta jurisdiccional que puede obtenerse por su intermedio.

En torno al primer punto, es abundante la literatura científica que da cuenta de la utilización del recurso de protección en materias que deberían canalizarse a través de procedimientos ordinarios. Sin embargo, dado que, entre otros factores, el artículo 20 de la Constitución no exige agotar las acciones y remedios de derecho ordinario disponibles antes de accionar de protección, resulta posible para los afectados, en casos como los de ocupación ilegal de terrenos privados, intentar primero la vía constitucional (más económica, simple y expedita) en lugar de las acciones civiles o penales correspondientes.

La mayoría de los sistemas extranjeros definen a las tutelas constitucionales como mecanismos subsidiarios o de última ratio. Sin embargo, suelen reconocerse excepciones para supuestos en que no existan acciones y/o remedios ordinarios idóneos o suficientes, o cuando los existentes sean ineficaces por la tardanza que implican. En tales hipótesis puede recurrirse inmediatamente a la vía constitucional sin necesidad de agotar previamente las acciones y remedios ordinarios.